MÁLAGA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -
Adelante ha registrado un total de 213 enmiendas a los presupuestos de la Junta de Andalucía con las que se lograría movilizar un total de 800 millones de euros en favor del "fortalecimiento de los servicios públicos y el impulso y protección del empleo en la provincia de Málaga".
Así lo ha manifestado en rueda de prensa este martes en Málaga el parlamentario andaluz de Adelante Andalucía por Málaga, Guzmán Ahumada, quien ha justificado las más de doscientas enmiendas presentadas en que "las cuentas del PP y Cs no atienden a los retos que nos plantea la pandemia ni a las necesidades de los malagueños". Así, ha considerado que la única salida a la crisis es aumentando las inversiones.
En concreto, las modificaciones "más sustanciosas" que plantean se desglosan en 300 millones para fortalecer los servicios públicos, con una especial atención a la sanidad, la educación y los derechos sociales, y otros 300 millones para políticas activas de empleo, con planes extraordinarios de rescate a pymes y autónomos mediante planes de empleo impulsados desde los ayuntamientos e iniciativas para la diversificación de modelo productivo.
Además, proponen destinar 24 millones a resarcir a la Universidad de Málaga de los recortes sufridos en el último año, ha explicado Ahumada.
La diputada provincial de Adelante, Maribel González, ha destacado que estas enmiendas ponen el foco "en el desmantelamiento de los servicios públicos impulsado por el PP en los últimos años y hacemos frente a unos presupuestos conformistas y mediocres".
Por ello, plantean 166 millones más "para garantizar una atención sanitaria adecuada a la población", 70 millones necesidades en materia educativa, con especial atención a la adaptación bioclimática de las escuelas y a la implantación de comedores gestionados desde lo público, y 80 millones en atención social, especialmente en relación con la renta mínima de inserción.
González ha adelantado además que otras de las enmiendas pasan por 51 millones adicionales para transferencias directas a los ayuntamientos, "para cumplir con lo estipulado en la Patrica"; 40 millones en políticas medioambientales; 42 millones en infraestructuras; y otros 40 millones en Justicia.
