Arquitecto municipal dice que advertían en sus informes de que el PGOU del 86 estaba publicado

Dos Arquitectos Declarando Como Testigos En El Juicio 'Malaya'
EUROPA PRESS
Actualizado: miércoles, 2 mayo 2012 18:19

MÁLAGA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El arquitecto municipal en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga) Francisco Merino ha asegurado en el juicio del caso 'Malaya' que a partir del año 2001 su departamento técnico advertía en los informes emitidos sobre los distintos proyectos urbanísticos de que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1986 ya había sido publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), paso necesario para su entrada en vigor.

En la sesión de este miércoles han comparecido Merino y el también arquitecto en Marbella Enrique Arrabal, quienes han contestado por la mañana a las preguntas de las acusaciones sobre los problemas que había con los dos planes generales, ese de 1986 y la revisión del 98, y por los proyectos urbanísticos investigados, y, luego, por la tarde, tras un receso para comer, a las cuestiones de las defensas, que han incidido en aspectos relacionados con sus clientes.

A preguntas del Ayuntamiento marbellí, Merino ha aseverado que a partir de la publicación de dicho plan en noviembre de 2000 en los informes se expresaba esta circunstancia y ha argumentado que la intención de su departamento "era hacer expresar en nuestros informes hechos objetivos y nos constaba que era controvertido el asunto de que el plan del 86 parecía ser que no había entrado en vigor porque no había sido publicado".

"Obviamente, desde que se publicó parecía un hecho trascendente como para no decirlo, otra cosa es la interpretación que se le dé", ha declarado el arquitecto municipal, quien ha explicado que a la hora de emitir un informe sobre la licencia al proyecto básico se hacía atendiendo a los dos planeamientos, el plan en revisión y el PGOU de 1986", algo que, según ha ratificado, "fue una decisión política".

En este sentido, el testigo ha explicado que "la orden para informar conforme al planeamiento en revisión, porque con el plan aprobado definitivamente lo hacíamos nosotros de oficio, la dio el alcalde directamente". Y ha añadido que cuando la Comisión de Urbanismo, dependiente de la Junta de Andalucía, denegó la revisión del plan, se seguía informando también según ese texto, "porque nos lo requerían".

Ha asegurado que era "conocido y público que el Ayuntamiento otorgaba las licencias conforme al plan que estaba en revisión". No obstante, a preguntas de dos defensas, ha indicado que tras la moción de censura en 2003 contra el que era regidor, Julián Muñoz, siendo alcaldesa Marisol Yagüe, en general se volvió a aplicar el plan de 1986 y a informar en las licencias de obra únicamente según dicho planeamiento urbanístico.

En cuanto a los convenios, ha ratificado que por regla general había un acuerdo de este tipo previamente a la concesión de la licencia, que lo conveniado se incorporaba al planeamiento de revisión y que era el principal acusado, Juan Antonio Roca, el que negociaba con los promotores en este sentido, apuntando que tras la moción de censura "no hubo demasiado cambio" en la función que desarrollaba Roca.

A preguntas de la letrada del presunto cerebro de la trama de corrupción, Merino ha asegurado que "en cuanto a modelo territorial" el plan general aprobado en 2010 es "muy parecido" a otras propuestas. Además, ambos testigos han asegurado que Roca nunca les ha dado orden del sentido de los informes que tenía que hacer, no les pidió que cambiaran el sentido de esos documentos emitidos y que no les pidió que retrasaran la emisión de informes.

Asimismo, Merino ha explicado que el proyecto básico se solía presentar primero para obtener la licencia y posteriormente se presentaba el proyecto de ejecución, que, en su opinión, "completaba el procedimiento". No obstante, ha señalado, a preguntas del fiscal Anticorrupción, que en cualquier caso, la habilitación para el inicio de las obras hay que relacionarla con el proyecto de ejecución.

Ha apuntado que cree recordar que había obras que se estaban realizando sin tener aprobado el proyecto de ejecución, aunque ha señalado que tampoco sabían de forma efectiva qué ocurría en las obras ni tampoco tenían conocimiento de si las previsiones de sus informes se cumplían por la comisión de gobierno, salvo que les llegara de nuevo el expediente para informar sobre una nueva fase del proyecto.