Pomares señala que ahora habrá que hablar con las organizaciones que la gestionan para ver cómo actuar para solventar las deficiencias
MÁLAGA, 24 Dic. (EUROPA PRESS) -
El concejal de Ordenación del Territorio y Vivienda del Ayuntamiento de Málaga, Francisco Pomares, ha justificado la decisión de ordenar el cierre cautelar para el uso de las actividades de pública concurrencia de La Casa Invisible, un edificio municipal situado en la calle Nosquera en el que distintos colectivos impulsan un movimiento cultural alternativo e independiente, aludiendo a que "se hace por seguridad de los propios miembros de la fundación y sobre todo de los ciudadanos". Más aún, ha advertido de que se actúa ante "el alto riesgo de que pasara una gran desgracia".
"La actuación de ayer --por este pasado martes-- era de urgencia y de emergencia ante el riesgo de los miembros de la fundación y de las personas que van allí", ha manifestado, agregando que "no sabemos hasta qué punto estas organizaciones eran conscientes de que trabajan en un edificio que no cumple con las medidas de seguridad y del peligro que corrían ahí dentro".
En rueda de prensa este miércoles, ha mostrado, no obstante, su extrañeza de que los miembros de La Casa Invisible hayan estado durante todo este tiempo en este inmueble sin cumplir esos requisitos, teniendo en cuenta que "están asesorados por profesionales como arquitectos".
El edil del PP, quien ha precisado que la clausura se produce con independencia de que el inmueble no hubiera pasado la Inspección Técnica de Edificios (ITE), ha asegurado que "se ha actuado como en cualquier otro, sea público o privado, interviniendo simplemente por motivos de seguridad". "Cuando hay un informe de Bomberos, hay que ser cautos y actuar rápidamente", ha apostillado.
A partir de ahora, será necesario ver de forma conjunta con el colectivo de La Casa Invisible qué ha pasado y cómo actuar, según Pomares: "habrá que revisar toda la instalación eléctrica y hacer un proyecto técnico", así como "qué se ha hecho y por qué no se han pedido los permisos necesarios --se ha actuado sobre la estructura, pero sin contar con las correspondientes licencias--".
Sobre quién deberá costear las necesarias actuaciones de mejora, el responsable de Ordenación del Territorio y Vivienda ha dicho que "vamos a empezar hablar y sentarnos con ellos y no vamos a entrar ahora en más cuestiones".
Preguntado por si el Ayuntamiento no comprobó el estado del inmueble, okupado desde 2007 por estas organizaciones, cuando firmó el protocolo de intenciones, y sobre todo si no sabía hasta ahora que en él se llevan a cabo actividades abiertas al público, sólo ha afirmado que en el acuerdo adoptado "ellos se responsabilizaban del mantenimiento", añadiendo que "de talleres se ha pasado también a un bar de música".
"Han ido más allá con actividades de carácter público abierto, lo que requiere una serie de medidas que no están cumpliendo; ya no es sólo la sede de una fundación para tener reuniones", ha declarado el responsable municipal de Urbanismo.
No obstante, ha apuntado que habrá que revisar ese convenio de cesión y determinar qué recogía. "Lo único que podemos decir --ha especificado-- es que, actualmente, ese edificio no cumple ningún requisito para ejercer esas actividades y que había un riesgo muy alto de que hubiera ocurrido alguna desgracia".
CARENCIAS
Entre las carencias detectadas en este edificio situado en los números 9 y 11 de la calle Nosquera, se advierte de un estado de la instalación eléctrica "insuficiente" y "precario" y de que no existen las medidas de protección contra incendios mínimas.
En la resolución firmada por el propio Pomares se insta al Departamento de Actuaciones Urbanísticas a adoptar las medidas de seguridad y conservación en relación con el uso actual que se está dando al inmueble y de las obras que se han llevado a cabo en el edificio protegido sin que consten permisos ni dirección facultativa, y también al de Arquitectura e Infraestructura a actuar en lo que respecta a la rehabilitación.
Por otra parte, se comunicará dicha resolución al Área de Comercio y Vía Pública, al no constar que el inmueble tenga autorización del Servicio de Aperturas para el desarrollo de las actividades culturales y de restauración que se vienen desarrollando.
En concreto, en materia de conservación, se ha detectado, además de los deterioros en revestimientos, cubiertas e instalaciones, etcétera, que la red eléctrica presenta "innumerables carencias" en cuanto al reglamento electrotécnico de baja tensión y sus prescripciones generales y complementarias para locales de pública concurrencia o con actividades recreativas.
Se especifica, en este sentido, que los cables no discurren por mangueras de protección, hay cuadros eléctricos sin protección y, en salas de uso público, multitud de empalmes, insuficiencia de alumbrado de emergencia y evacuación, entre otras cuestiones.
Respecto a la seguridad, se alerta de que el inmueble carece de las mínimas medidas de protección contra incendios que le son exigibles, según un informe del Real Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil.
Así, no presenta sectorización ni compartimentación de escaleras ni justificación de las longitudes de los recorridos de evacuación ni las dimensiones de sus vías y número de salidas para las densidades de ocupación. Tampoco tiene dotación suficiente de extintores, bocas de incendios o alarmas que pudieran ser exigibles en función del uso, superficie o altura de evacuación.
La principal conclusión derivada de la inspección que se refleja en el informe es, por tanto, que "el estado de la instalación eléctrica es insuficiente y precario, lo que conlleva un alto riesgo de cortocircuito e incendio", no contando tampoco con "los elementos de seguridad mínimos y exigibles".
Este edificio data del año 1900 y cuenta con protección arquitectónica de grado II. Desde 2007 viene siendo utilizado por el colectivo La Casa Invisible como centro de uso ciudadano con actividades culturales, tales como talleres de pintura, baile, lectura, bar e, incluso, sala de conciertos.
