Fernández Montes reclama la suspensión de la ejecución de la sentencia mientras se resuelve la petición elevada al vicepresidente
MÁLAGA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de Torremolinos (Málaga), Pedro Fernández Montes, ha recurrido al vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, para que intervenga en el conflicto abierto con el Ayuntamiento de la capital, gobernado por su compañero del PP, Francisco de la Torre, a raíz de los casi 17 millones de euros que adeuda a éste último como consecuencia de los servicios prestados durante la fase de la segregación en 1988 de la antigua barriada, en concepto de limpieza, recogida de basura y uso del vertedero.
Ante la solicitud el pasado mes de febrero en el Juzgado del Ayuntamiento de Málaga para continuar el proceso de ejecución de la sentencia que obliga al Consistorio presidido por Fernández Montes al pago de 9,83 millones en concepto de servicios prestados, más los intereses legales devengados desde 1997, la Corporación torremolinense reclamó la suspensión de la misma a la espera de que se resolviera una petición elevada a Diego Valderas para que "dé orden y se culmine un arbitraje entre las partes en orden a lo dispuesto en el Decreto 238/1988, artículo 3, por el que se aprobó la segregación de Torremolinos por la Junta de Andalucía".
Así se desprende de una respuesta del equipo de gobierno del Ayuntamiento de la capital malagueña, a la que ha tenido acceso Europa Press. En ella, la Asesoría Jurídica informa, además, de que el pasado mes de marzo se trasladó la oposición municipal a esa suspensión solicitada por Torremolinos, "al no estar prevista en la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa, entre otras normas, y al ser firme y ejecutiva la sentencia dictada por la Sala de Málaga".
En estos momentos, se está a la espera de que el Juzgado encargado de dicho asunto se pronuncie sobre la petición de cada una de las partes: la suspensión de la sentencia solicitada por el Consistorio gobernado por Fernández Montes, y su ejecución, en el caso del dirigido por De la Torre.
SENTENCIA DEL TSJA RATIFICADA POR EL SUPREMO
El pleito comenzó en 1992 cuando el Ayuntamiento de Málaga, presidido entonces por el socialista Pedro Aparicio, pasó una factura al de Torremolinos para el abono de esos servicios. Al no producirse el pago, el asunto acabó en la vía judicial. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dio la razón a la capital en 2007, una sentencia que fue ratificada en 2008 por el Tribunal Supremo (TS), al que había recurrido Fernández Montes.
El regidor de Málaga ya ha señalado en varias ocasiones su disposición a que el abono de esa deuda se realizara de forma aplazada, ofreciendo, incluso, la posibilidad a su homólogo torremolinense de que fuera hasta en 20 años. También contempló que parte del débito se pudiera satisfacer en solares.
En la citada respuesta se hace una cronología de los hechos, recordando que el 3 de julio de 2012 el Ayuntamiento de Málaga instó al TSJA a la ejecución de la sentencia tras haber expirado el plazo de 60 días concedidos a Torremolinos para el abono de esos entonces 16,2 millones de euros o para negociar un plan de pago. En septiembre de ese año se dio traslado al Consistorio torremolinense de esa solicitud para que alegara lo que considerase conveniente.
En ese tiempo el Consistorio de Torremolinos presentó un recurso extraordinario de revisión para partir de cero y reclamar, incluso, a la capital el dinero que, en su opinión, le adeudaba, aludiendo a cuestiones como que los ingresos que aportó antes de su segregación eran superiores a lo que Málaga gastaba en la barriada o que el coste del agua que suministraba a ésta última era mayor que la deuda a la que se hacía referencia.
Una argumentación que fue rechazada desde el Ayuntamiento de Málaga. Y, de hecho, el TSJA desestimó en diciembre de 2013 el recurso de revisión, tras lo que la Corporación de la capital reiteró el pasado mes de febrero la ejecución de la sentencia y el abono de la cantidad adeudada, que en esos momentos ascendía ya a 16.823.528 euros.
