MÁLAGA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha apostado este viernes por el diálogo y el consenso entre "todos" para poder abordar las reformas que necesita la Justicia en España. La consejera de Justicia, Rosa Aguilar, también ha destacado la importancia del diálogo para alcanzar un Pacto de Estado en esta materia.
Así se han manifestado en la clausura de las 17 Jornadas Jurídicas 'Por el diálogo', que organiza la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) en Málaga con la colaboración de la Cátedra de Derecho Procesal de la Universidad malagueña y el patrocinio de Unicaja Banco, que precisamente este viernes han tratado sobre 'El Pacto de Estado por la Justicia'.
Catalá ha asegurado que "no hay mejor antídoto frente a los riesgos y las incertidumbres que el Estado de derecho, la ley, la defensa de la legalidad constitucional y el fortalecimiento de la seguridad jurídica; y para avanzar en eso no hay mejor camino que el de las reformas hechas desde el consenso".
"Se nos ha pasado ya el tiempo de buscar, del diagnóstico, lo tenemos más que hecho, lo tenemos compartido. Por eso ha llegado ya el momento de encontrar buenas respuestas, de aplicarlas, de generar consensos y desde el diálogo, abordar esas reformas", ha indicado el ministro.
Además, también ha considerado que hay que abordar esas reformas "desde la concertación", por lo ha recordado que se constituyo en el Congreso una subcomisión, en la que comparecieron hasta 33 expertos y profesionales, apuntando que aunque "no se ha alcanzado un acuerdo, sería injusto incluir a todos los grupos en el mismo saco". "Desde el diálogo del 'sí o sí' no es más que imposición, chantaje", ha dicho.
Así, ha apelado también "a la responsabilidad" de los distintos grupos parlamentarios, "porque las reformas planteadas no dependen sólo del Gobierno y la aritmética parlamentaria obliga a alcanzar consensos".
No obstante, ha considerado que el trabajo realizado en esa subcomisión "no ha sido en balde", puesto que, ha precisado, se pactaron hasta 103 medidas que "tienen un valor incalculable hasta el punto de que desde el Ministerio las hemos hecho nuestras y hemos dicho que vamos a trabajar por su desarrollo porque son compartidas por todos los sectores profesionales".
"Creo firmemente en la fuerza transformadora del diálogo y de la concertación, especialmente en estos tiempos de reivindicación y de exigencia", ha asegurado Catalá, quien se ha referido a algunas reformas organizativas ya llevadas a cabo en 2015.
Ahora, ha señalado que está en trámite en el Congreso otra reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, "que confío en que la próxima semana se constituya la ponencia y que en las próximas semanas la apruebe la comisión de justicia, pase al Senado y pueda salir adelante definitivamente antes de que acabe este periodo de sesiones".
Ahí, ha indicado, "estará incorporada la recuperación de derechos sociales de los profesionales, peticiones que están dentro de las demandas de las asociaciones, la supresión del magistrado autonómico, la creación de los tribunales de instancia o la mejora de los sistemas de designación de los cargos que nombra el Consejo General del Poder Judicial".
También ha asegurado que otras demandas tienen que ver con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), apuntando que "ahí está incorporado un incremento de las dotaciones presupuestarias para el ministerio que permitirán abordar algunas de las peticiones salariales que están encima de la mesa, están 300 nuevas plazas de jueces y fiscales, un incremento de las inversiones en nuevas sedes judiciales o tecnológicas y el aumento del gasto en materia de personal".
Por su parte, la consejera andaluza de Justicia también ha destacado la importancia del diálogo en el ámbito de la justicia "para acometer las grandes reformas que hay pendientes y para seguir avanzando en el objetivo común de prestar a la ciudadanía un servicio público más ágil y eficaz".
Aguilar ha apostado por un "esfuerzo común" para alcanzar un pacto de Estado, defendiendo que hay que "hacer propuestas concretas, con la participación de todas las administraciones". "Andalucía quiere arrimar el hombro como la que más para que se haga realidad ese gran acuerdo", ha manifestado, instado a que las administraciones responsables "tenemos que tener el espacio necesario para participar", al igual que los operadores jurídicos.
Ha subrayado la vocación del Gobierno de Andalucía en su quehacer diario por "el diálogo, el consenso y los acuerdos" como servicio a la ciudadanía, destacando que "en la Consejería de Justicia no sólo creemos en el diálogo sino que lo fomentamos y practicamos desde la certeza de que es el camino más eficaz para forjar acuerdos y crear espacios de entendimiento", algo que en el ámbito de la Justicia "resulta imprescindible".
En este sentido, ha subrayado, "desde Andalucía siempre hemos defendido que la Justicia necesita reformas estructurales que han de afrontarse desde la lealtad institucional" y de una forma "integral, porque no basta con modificaciones parciales".
Al respecto, el presidente de la APM, Manuel Almenar, ha dicho que "todos tenemos la obligación de acercar posturas, no sólo los grupos parlamentarios". "No me resigno a que el pacto de estado por la justicia no sea posible", ha señalado.
JORNADAS
En la clausura han participado además el catedrático de Derecho Procesal de la UMA Juan Antonio Roble, que como el presidente de Unicaja Banco, Manuel Azuaga, ha destacado la actualidad de los temas tratados. Además, este último ha señalado que "se han cumplido las expectativas" en estas jornadas, que son "un verdadero punto de encuentro de distintas sensibilidades, haciendo bueno a su nombre 'Por el diálogo'".
Además del pacto por la justicia, las jornadas abordaron el martes los juicios paralelos y el lunes los 'Delitos contra la Constitución. La orden europea de detención y procedimientos de extradición'. Al respecto, Catalá ha expresado "el respaldo y agradecimiento" del Gobierno a la función que desarrollan los jueces "en defensa de la legalidad".
"Nos tenéis a vuestro lado", ha asegurado, apuntando que viven "tiempos muy difíciles" especialmente los operadores jurídicos destinados en Cataluña "que están siendo objeto de ataques por parte de quienes en su obsesión secesionistas se niegan a aceptar las normas más básicas de nuestra convivencia democrática".
Por eso, ha animado las asociaciones a "seguir apoyando a los que no ceden ni se dejan intimidar por los embates del delirio independentista".
Ha considerado que "con la justicia sólo se puede estar de una manera, respetando siempre sus decisiones y dejándola trabajar con libertad, no apostándose en las puertas de los tribunales para gritarles a los jueces lo que tienen que hacer, amenazando con querellas o apoyando manifestaciones para decir a un tribunal cómo tiene que calificar unos hechos".
"Cuando la justicia se intenta hacer desde los parlamentos, vamos mal y cuando los políticos quieren hacer de jueces vamos peor", ha asegurado Catalá, quien ha felicitado a la organización por dedicarle tiempo a esto en las jornadas y también a la cooperación internacional.
Al respecto, el presidente de la APM ha insistido en que "sólo el respeto a la Constitución garantizan la convivencia democrática", apuntando que el problema de Cataluña es que "el conflicto político se ha intentado resolver contraponiendo artificiosamente la supuesta legitimidad democrática de un parlamento autonómico frente a la constitucional", derivando en un conflicto jurídico-legal.
Asimismo, se ha referido a cuando se invoca la voluntad popular "para justificar que se prescinda de la ley o se haga una interpretación distinta", lo que "no es más que un disfraz para trasladar un debate político a la calle".
