ANTEQUERA (MÁLAGA), 7 Oct. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés (IULV-CA), ha resaltado este martes la importancia del anteproyecto de ley para la modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y ha asegurado que con este cambio "estamos dando una solución eficaz de presente y de futuro a una realidad en algunas viviendas", por lo que ha insistido en que el Gobierno andaluz "da soluciones".
"No suponen ni una amnistía ni una legalización", ha aseverado a los periodistas en Antequera (Málaga), apuntando que se trata de una "regularización de viviendas de uso residencial que sean edificaciones aisladas" y que se crean mecanismos "para que lo que ha ocurrido no vuelva a ocurrir".
En este sentido, ha señalado una disposición adicional por la que se plantea que a partir de la entrada en vigor de ese anteproyecto de ley "los ayuntamientos tienen un plazo de dos años", por lo que ha explicado que, de no seguir esta modificación, "será el propio Gobierno andaluz quien desarrolle ese inventario del territorio de Andalucía con respecto de las viviendas que son alegales o ilegales".
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha dado luz verde este martes al inicio de la tramitación del anteproyecto de Ley de modificación de la LOUA para incorporar medidas urgentes en relación con las edificaciones de uso residencial construidas sobre parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable, que fijará un plazo de dos años para que los ayuntamientos procedan a identificar e inventariar este tipo de construcciones.
Según ha explicado la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, esta modificación permitirá regularizar entre 20.000 y 25.000 viviendas en toda Andalucía, lo cual, es un acto de "justicia social" para los "compradores de buena fe".
Esto, ha explicado Serrano, no supondrá una "amnistía" ni una "legalización", sino que únicamente permitirá a estas viviendas, hasta ahora en un "limbo jurídico", acogerse a esta "nueva opción de regularización" de viviendas con fines "no especulativos".
