MÁLAGA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -
El director general de la Policía, José Ignacio Cosidó, ha asegurado este jueves que la operación sobre las supuestas irregularidades detectadas en la obtención de subvenciones para cursos de formación para desempleados financiados por la Junta "está abierta, se está desarrollando", por lo que se continúa "trabajando e investigando" y no se descartan nuevas detenciones.
"La operación sigue abierta, se sigue trabajando, se sigue investigando y por tanto no está cerrada y no podemos descartar que pueda haber nuevas detenciones", ha manifestado Cosidó en Málaga en declaraciones a los periodistas, tras presidir el acto de inauguración de un monolito en memoria del agente malagueño fallecido en acto de servicio el pasado mes de mayo.
Ha señalado que la Policía Nacional "siempre tiene que ser muy respetuosa cuando hay un secreto sumarial para dejar que las investigaciones se sigan desarrollando", como es este caso. Así, sólo ha indicado que en días pasados "hubo unas detenciones y en la medida en que el juez lo vaya permitiendo iremos dando puntual información sobre la operación, pero hoy lamentablemente no puedo decir más".
Ha apuntado que se trata de una investigación "que está siendo coordinada por la Fiscalía Anticorrupción de Málaga y que está judicializada". Asimismo, cuestionado por si se prevén detenciones de funcionarios o cargos políticos, ha insistido en que "en la medida en que existe un secreto sumarial no le puedo dar más información sobre esas detenciones".
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía detuvo el pasado martes a varias personas en las provincias de Málaga y Granada en relación con este presunto fraude en cursos a parados. En ese momento, transcendió la detención de 12 personas; aunque según ha indicado la delegada del Gobierno en Andalucía este jueves, son ya 13 los arrestados --nueve en Málaga y cuatro en Granada--, aclarando que las detenciones son policiales, no judiciales.
En este sentido, varias fuentes judiciales han confirmado a Europa Press que se tratan de diligencias policiales, no acordadas por el juez ni la Fiscalía, y que no está previsto en principio que el juez que se ha hecho cargo de este caso en Málaga, el de Instrucción número 8, les tome declaración hasta que tenga todas las investigaciones realizadas en esta operación.
Según la UDEF, en el caso de Málaga, estas supuestas irregularidades se detectaron en 17 de las 20 empresas o personas físicas beneficiarias en la convocatoria de 2010. La Fiscalía decidió remitir el caso a un juzgado, al estimar el ministerio público que de lo averiguado hasta ahora y con los informes policiales que existen "se desprenden indicios de responsabilidad penal".
Así, solicitó al juzgado la citación en calidad de imputados de los responsables de las entidades en las que se han detectado inicialmente estas irregularidades; "así como respecto de aquellos funcionarios y responsables del organismo autonómico que otorgó las subvenciones".
Inicialmente, se apunta a que los hechos investigados podrían constituir, presuntamente, delitos de falsedad documental, estafa o fraude en subvenciones, así como prevaricación o tráfico de influencias, según una nota informativa de la Fiscalía.
