Defensas presentan documentos para rebatir los informes policiales y patrimoniales

Actualizado: miércoles, 17 marzo 2010 20:00

MÁLAGA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las defensas de los acusados en el caso 'Ballena Blanca', contra el blanqueo de capitales, realizaron hoy la propuesta de pruebas y presentaron al Tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia de Málaga, que se encarga del enjuiciamiento de este procedimiento, documentos con los que pretenden rebatir los informes policiales y patrimoniales incluidos en la causa.

Así, entre los informes aportados por los letrados destaca el referente a la creación de sociedades en general en el estado norteamericano de Delaware, donde, según los investigadores, se constituyó por parte del bufete de abogados del principal acusado, el letrado chileno Fernando del Valle, la mayoría de las empresas investigadas.

Además, también se ha presentado un informe realizado por un perito auditor de cuentas sobre al origen lícito de los fondos de uno de los acusados y sentencias o resoluciones sobre los procesados, dictadas en otros países, con el fin de desvirtuar los antecedentes penales que se le imputan a algunos.

Las sesiones se reanudarán el lunes cuando el fiscal y la Abogacía del Estado deberán pronunciarse sobre la prueba propuesta por las partes. Además, también la próxima semana, el presidente del Tribunal podría resolver una de las cuestiones previas planteada por dos de las defensas, referente al acceso a la documentación intervenida en los registros.

El juicio contra 19 personas acusadas en el caso 'Ballena Blanca' comenzó el pasado lunes con las cuestiones previas. Las defensas coincidieron en afirmar que fue una investigación "prospectiva" y aseguraron que se produjeron vulneraciones de derechos fundamentales, como el de la libertad, el de defensa o el secreto de comunicaciones, además de "atentar" contra el derecho al secreto profesional.

Además, los letrados cuestionaron la forma en la que se investigó "indiscriminadamente" a todo el despacho de Fernando del Valle, a quien el ministerio fiscal acusa, en sus conclusiones iniciales, de 141 delitos de falsedad de carácter continuado, de 13 de blanqueo de capitales, de tres contra la hacienda pública y de uno de falso testimonio.

Para este acusado, se estima que la cuantía de los bienes y dinero objeto de blanqueo asciende a la suma de 12 millones de euros y se señala que había creado "una amplia red de estructuras societarias para ocultar su verdadero patrimonio" y había diseñado un "entramado internacional de sociedades para eludir a la Hacienda, con conexiones en Turquía, Argelia, Finlandia, Suecia, Irán, Francia y Marruecos.

Según se recoge en el escrito de conclusiones provisionales, el propio abogado tenía participación en 194 sociedades extranjeras, la mayoría residenciadas en el estado norteamericano de Delaware y el resto en paraísos fiscales como Gibraltar, Isla de Man, Panamá e Islas Vírgenes Británicas. No obstante, el número de sociedades que éste o su despacho gestionaban, tanto españolas como extranjeras, se eleva a 523.

El ministerio público concluye que el despacho de Del Valle se especializó en dar a sus clientes, generalmente de nacionalidad extranjera, la cobertura necesaria para garantizarles el anonimato de sus inversiones en España. El sistema consistía en crear sociedades en España cuyos socios serían, de un lado, una persona jurídica extranjera, y de otro, una persona física española.

En general, la persona jurídica extranjera era una sociedad constituida en Delaware, que, "aunque formalmente no es un paraíso fiscal, posee una legislación muy permisiva en materia de constitución de sociedades". Esta empresa, representada por Del Valle, tenía el 99 por ciento de participaciones de la nueva sociedad española, mientras que el uno por ciento correspondía a la persona física española, casi siempre una de las empleadas del bufete.

Para el fiscal, el letrado ofrecía además "la posibilidad de un servicio integral llevando él personalmente o a través de personas de su confianza la gestión del patrimonio". La investigación reveló "la existencia de clientes que se han servido del sistema de ocultamiento de fondos", relacionados presuntamente "con grupos criminales organizados o que han cometido delitos graves", lo que "era perfectamente conocido, en algunos casos, por Fernando del Valle".