Denuncian dilaciones en ejecutar la sentencia que anuló la prueba para cubrir 94 plazas de policía

Actualizado: viernes, 25 abril 2014 11:26

MÁLAGA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La representación legal de tres aspirantes de la Policía Local de Málaga, que pidieron que se anularan las pruebas selectivas para cubrir 94 plazas de agentes en la convocatoria de 2002, ha denunciado dilaciones indebidas en la ejecución de la sentencia en la que se acordó anular dicha prueba, y reitera la petición de que se continúe adelante con la ejecutoria.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sede en Málaga, acordó en 2009 anular la celebración del tercer ejercicio de dicha convocatoria, así como dejar sin efecto "todos los actos posteriores a dicha prueba", al estimar el recurso presentado por tres aspirantes, que alegaron que se había conocido con antelación el contenido de las preguntas.

En 2011, el Tribunal Supremo declaró firme dicha sentencia y desde entonces la representación de esos aspirantes, dirigida por el letrado Francisco Hurtado, hizo varios requerimientos primero ante el Ayuntamiento y luego ante la propia Sala de lo Contencioso para que se llevara a cabo la ejecución de la sentencia, puesto que se indicaba que el Consistorio "no había cumplido" con lo dispuesto.

Ahora, han vuelto a dirigirse al TSJA para "denunciar la producción de dilaciones indebidas" en la tramitación de la ejecutoria, al apuntar en su escrito que ésta "se encuentra paralizada de facto y sin ningún tipo de justificación desde el pasado 17 de junio de 2013", fecha de la última comunicación de la que esta parte tiene constancia.

Asimismo, se pide de nuevo que se acuerde "continuar adelante" con la ejecutoria solicitada y se insta que se faciliten copias de las actuaciones realizadas desde marzo de 2013 en este sentido "con la finalidad de ejercer las acciones que correspondan ante la Sala de Gobierno competente y ante el servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)".

La Sala de lo Contencioso requirió en marzo de 2013 al Ayuntamiento que informara de las actuaciones realizadas para el cumplimiento de la sentencia, dando así respuesta a parte de lo solicitado por la representación de los aspirantes, que, además, pedía que se impusieran multas a responsables municipales por haber "incumplido los requerimientos de ejecución" realizados.

En su momento, el TSJA consideró que al conocerse el contenido de las preguntas de la prueba se había producido el "quebranto de los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir el acceso a la función pública", dando la razón a los aspirantes que recurrieron en contra de lo manifestado por el Consistorio, que argumentó que las respuestas "eran desconocidas".