MÁLAGA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Diputación de Málaga destinará este año más de 61 millones de euros a hacer frente a las consecuencias sociales de la pandemia de la COVID-19, principalmente a través de ayudas directas a las personas y las familias más afectadas, de proyectos de protección social y de partidas destinadas a la desinfección y a la limpieza.
La vicepresidenta cuarta de la Diputación de Málaga y responsable del Área de Ciudadanía y Atención al Despoblamiento del Territorio, Natacha Rivas, ha presentado las cuentas del área, que integra a las delegaciones de Innovación Social y Despoblamiento; Seguridad, Emergencias, Mantenimiento y Servicios Generales; Centros Asistenciales; Mayores, Tercer Sector y Cooperación Internacional; Cultura; e Igualdad, Servicios Sociales y Familias, y que suman 102,56 millones de euros de los casi 365 millones de euros del presupuesto de la Diputación.
Rivas ha incidido en que las cuentas del área "suponen dar continuidad al esfuerzo que se está haciendo desde esta institución, primero con el Plan Málaga y ahora con estos presupuestos, para dar protección y apoyo a los más vulnerables".
Dentro de los 61 millones dedicados a paliar las consecuencias sociales de la crisis del COVID-19, ha concretado algunas de las partidas más destacadas, como la ayuda a domicilio, que contará con un montante total de 25,52 millones de euros. También en este apartado se destinarán 439.000 euros de apoyo a la dependencia, que sirven para que la Diputación colabore en la tramitación de solicitudes de dependencia.
También se dispone de 200.000 euros para la adecuación de viviendas a personas con discapacidad o dependencia. "Resulta fundamental que en la situación en la que estamos viviendo, nuestros mayores y dependientes tengan garantizada su asistencia", ha precisado Rivas.
Ha destacado asimismo los 1,46 millones en ayudas a familias que, por muy diversas circunstancias, se encuentran en una situación de vulnerabilidad. A ellos se unen 856.000 euros previstos para asesoramiento y asistencia a familias; o los 300.000 euros del cheque bebé para los nacidos en municipios menores de 5.000 habitantes.
Otras partidas y proyectos que también forman parte de esos más de 61 millones de euros frente al COVID-19 son: 915.112 euros para mayores, 856.600 euros para tercer sector, 575.000 euros para cooperación internacional, 1,27 millones de euros para el fomento de las artes escénicas, del patrimonio y de la industria cultural, 333.500 euros para mujeres víctimas de violencia de género y 300.000 euros para proyectos de igualdad a través de asociaciones y ayuntamientos.
EFECTIVOS
Estas cuentas son, según Rivas, "claramente operativas, porque además de diferentes ayudas o coberturas sociales, también contemplan partidas que inciden en los efectivos y recursos con los que cuenta esta casa o con los que colabora directamente y que sirven también para luchar contra la pandemia".
En este caso, se dispone de 12,83 millones de euros para los centros asistenciales; 2,34 millones para Protección Civil; 1,3 millones para Servicios Generales y 11,56 millones de euros de aportación al Consorcio Provincial de Bomberos (CPB), que se ha incrementado en dos millones respecto a la del año pasado para así liberar a los municipios de menos de 20.000 habitantes de la cuota que tienen que pagar por pertenecer al CPB.
"A todos estos profesionales --ha añadido--, los de los centros, los bomberos, los voluntarios de protección civil; nuestro máximo reconocimiento. Por parte de la Diputación cuentan con todo nuestro respaldo y apoyo. Son fundamentales en la lucha contra la pandemia".
DESPOBLACIÓN E INNOVACIÓN SOCIAL
Rivas también se ha referido a dos ejes de actuación "capitales" dentro del área como son la lucha contra la despoblación y la innovación social.
En este sentido, ha apuntado algunas novedades como la economía plateada o 'silver', que pone el acento en los servicios para los más mayores; la inmersión rural de los universitarios; la conversión de la provincia en un polo de atracción de fondos de inversión de impacto social y la continuación de proyectos que favorezcan un mayor equilibrio entre los entornos rurales y los urbanos.
"Estos retos se unen a proyectos ya en marcha como la reducción de la brecha digital, la potenciación de las oportunidades en pequeños pueblos, la inclusión financiera y la digitalización del sector agrario y el sector empresarial", ha concluido.
