MÁLAGA, 15 May. (EUROPA PRESS) -
El exalcalde de la localidad malagueña de Canillas de Aceituno José Manuel Aranda, acusado por conceder una licencia de obra para una vivienda unifamiliar en suelo no urbanizable, según la Fiscalía de Medio Ambiente, ha asegurado que se concedían permisos para construir siempre que la zona tuviera todos los servicios básicos, como luz, agua y saneamiento, al no tener normas locales de planeamiento.
El Juzgado de lo Penal número 14 de Málaga ha dejado este martes visto para sentencia el juicio contra Aranda y un particular que solicitó en mayo de 2004 la licencia de obra para dicha vivienda con una superficie de 297 metros cuadrados, según el fiscal, que acusa al exregidor de un delito de prevaricación urbanística, solicitando un año de prisión y ocho de inhabilitación para empleo o cargo público.
Según el escrito inicial de la acusación, al que tuvo acceso Europa Press, el proyecto básico no fue visado en ningún colegio profesional. Además, la secretaria emitió un informe jurídico negativo a la concesión del permiso y el técnico municipal informó que se debía visar el proyecto, lo que fue "obviado" por el entonces alcalde, que concedió la licencia por decreto.
Aranda ha insistido en que Canillas de Aceituno no ha tenido "nunca" normas de planeamiento y que desde que llegó a la Alcaldía en 1999 lo intentó para dar "seguridad" jurídica. Ha asegurado que en la zona donde se comenzó a construir dicha vivienda hay casas desde hace muchos años, ya que es "una barriada tradicional e histórica" del municipio.
Ha aseverado que se entiende "con la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) en la mano" que un suelo es urbano cuando "hay agua, luz, saneamiento y recogida de residuos", lo que se daba en esta zona. Además, ha indicado en esas fechas a veces se daban licencias sin informes y que no supo de la existencia de los informes técnicos y de la secretaria hasta después de la concesión.
El exalcalde, que se ha declarado inocente de los hechos de los que se le acusa, ha indicado que cuando dejó la Alcaldía de Canillas de Aceituno, llevaban "años sin dar una licencia porque había miedo" y ha asegurado que nadie le advirtió previamente a la concesión del permiso que estaba cometiendo una ilegalidad, "suponiendo que lo sea".
Por su parte, el particular, acusado de un delito contra la ordenación del territorio y para el que se solicita 18 meses de prisión, ha declarado que solicitó tanto la licencia municipal como el permiso correspondiente a la Confederación, puesto que pasa un arroyo por la zona, y que hasta que no obtuvo esa aprobación no comenzó las obras.
Ha ratificado que en la zona hay más casas, que cuentan con luz, agua, saneamiento y servicio de recogida de basura; de hecho, ha indicado él mismo tiene contrato de suministros de agua; y ha asegurado que antes de hacer la casa habló con un técnico que estaba realizando otras edificaciones en la zona y que le dijo que iba a hablar con técnicos del Consistorio.
