García Marcos llega a un acuerdo de un año de cárcel en una causa separada del caso Malaya

Actualizado: viernes, 14 febrero 2014 15:22
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MÁLAGA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

   Los exconcejales socialistas de Marbella (Málaga) Isabel García Marcos y José Jaén han llegado a un acuerdo de conformidad con las acusaciones en una pieza separada del caso 'Malaya', sobre la corrupción en dicha localidad, cuyo juicio con jurado popular iba a comenzar este lunes, 17 de febrero, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.

   El acuerdo se ha materializado este viernes y ambos exediles han mostrado su conformidad con las acusaciones por un delito de cohecho pasivo para acto injusto no realizado y por otro de asesoramiento indebido, aunque se les ha rebajado la pena inicialmente solicitada. También se han conformado otros dos acusados y se ha retirado la acusación que había para las parejas de García Marcos y Jaén.

   La Fiscalía solicitaba inicialmente para los exediles tres años de cárcel, multa de 120.000 euros e inhabilitación para empleo o cargo público durante ocho años por el delito de cohecho pasivo y multa de nueve meses y suspensión por dos años por el de asesoramiento indebido. Para dos empresarios acusados se pedían dos años de prisión y para un tercero, tres años, además de multa en todos los casos.

   Finalmente, García Marcos y Jaén, condenados en el caso 'Malaya', aunque no es firme, se han conformado con un año de prisión, inhabilitación para empleo y cargo público pero solo electo, durante tres, suspensión por dos años para lo mismo y multa de seis meses, según han precisado las fuentes. En el caso de dos empresarios, el acuerdo alcanzado consiste en seis meses de prisión y multa.

   A los exediles, tenientes de alcalde y miembros de la junta de gobierno de 2003 a 2006, se les achacaba inicialmente que se pusieron de acuerdo para, "prevaliéndose de la condición de autoridad municipal" que tenían, ofrecerse a empresarios "para realizar una actividad de asesoramiento y de mediación" ante la Corporación municipal, a cambio de dinero.

   Pero en el acuerdo alcanzado se ha incluido de forma expresa, según las fuentes, que "ninguno de los encargos efectuados llegaron a tener virtualidad" y que "no consta" que por parte de García Marcos o de Jaén se llegaran a efectuar actuaciones administrativas. La retirada de acusación para las entonces parejas de los exediles se debe a la prescripción del delito de asesoramiento indebido.

   Hay un tercer empresario que está acusado que no se ha sumado al acuerdo por el momento, por lo que está pendiente aún por determinar si se unirá al mismo o si el próximo lunes se tendrá que constituir el jurado popular y celebrar el juicio, como estaba previsto, pero solo en lo relacionado con este procesado, según han explicado otras fuentes.

YA HUBO UNA SENTENCIA DE CONFORMIDAD

   Uno de los acusados ya llegó a un acuerdo de conformidad el pasado mes de octubre y se dictó sentencia sobre él en el que se le condenó por un delito de cohecho, al haber aceptado entregar dinero a un exedil marbellí, ya fallecido. Se le impuso seis meses de prisión y multa de 15.000 euros.

   En dicha resolución contra el empresario, a la que en su momento tuvo acceso Europa Press, se señalaba que este industrial dedicado a la publicidad presentó en noviembre de 2005 una petición en el Ayuntamiento para que le autorizaran la colocación en la vía pública de 50 instalaciones desmontables que por una parte mostraban un plano de la ciudad y por la otra un cartel publicitario.

   Al no recibirse respuesta, el acusado fue a interesarse en el Ayuntamiento y le remitieron al entonces edil de Transportes, Victoriano Rodríguez, que fue detenido y estuvo imputado en el caso 'Malaya', pero falleció antes del juicio. Ese concejal "exigió" al empresario el pago de 30.000 euros "a cambio de dar el visto bueno al expediente".

   El acusado "accedió a realizar este pago", puesto que ya había invertido en el proyecto, pero al comunicárselo al exedil, éste le contestó que "tendría que pagar el doble, lo que no fue aceptado por el empresario, que desechó el proyecto". Se apunta que el pago comprometido de los 30.000 euros "era para conseguir que la autoridad municipal autorizara la instalación de los postes de publicidad".

 

 

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