26 de enero de 2020
17 de marzo de 2010

Fiscal pide 4 años de prisión y 19 de inhabilitación para Martín Serón por el caso 'Troya'

La acusación considera que el edil de Urbanismo de Alhaurín el Grande estaba al frente de la trama y que el alcalde permitía esta conducta

MÁLAGA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Málaga ha solicitado cuatro años y medio de prisión y 19 de inhabilitación para cargo público para el alcalde de la localidad malagueña de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón, por el denominado caso 'Troya', contra la presunta corrupción municipal en dicho municipio. Se le acusa de los delitos de prevaricación omisiva y de cohecho pasivo.

En el escrito, de 19 páginas y al que tuvo acceso Europa Press, el ministerio público acusa a 19 personas más, entre las que destaca el concejal de Urbanismo, José Gregorio Guerra; pidiendo, por contra, el archivo provisional de la causa para la mujer del regidor, imputada inicialmente de un delito de blanqueo de capitales, y para otras cuatro personas más.

El fiscal concluye que en el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, al menos desde 2002, "ha venido funcionando una trama cuyo objeto no era otro que obtener el enriquecimiento personal ilícito de ciertas autoridades municipales y que consistía en ofrecer a los empresarios y promotores la posibilidad de obtener una mayor edificabilidad respecto de la legalmente prevista en la norma de planeamiento municipal a cambio de la oportuna retribución económica".

Según las conclusiones provisionales, "al frente de dicha trama" estaba el edil de Urbanismo, al que acusa de 11 delitos de cohecho pasivo, con carácter continuado, por lo que solicita las penas de cinco años de prisión y 11 de inhabilitación para cargo publico; y de 14 delitos urbanísticos, también adquiriendo el carácter continuado, por lo que pide dos años de cárcel y 10 de inhabilitación. Además, pide una multa de 1,6 millones de euros.

La acusación pública considera que, presuntamente, los hechos "eran conocidos" por el alcalde del municipio, quien habría permitido la conducta supuestamente delictiva de su concejal de Urbanismo. Así, para el regidor, además de la pena de prisión y de inhabilitación, solicita una multa de 500.000 euros y el decomiso de las cantidades de dinero en efectivo intervenidas y de los bienes inmuebles adquiridos con los fondos "ilegales".

El edil de Urbanismo, según el fiscal, "se encargaba de negociar las nuevas condiciones urbanísticas a aplicar a los proyectos de obras y las contrapartidas a abonar por los empresarios, recaudando los fondos procedentes de tales pagos y llevando personalmente su contabilidad". Tras la investigación, la Fiscalía concluye que las sumas de las cantidades solicitadas y/o percibidas" por Guerra fueron de 782.445 euros.

Se señala que estos pagos están en anotaciones manuscritas y en archivos informáticos intervenidos en el registro del despacho del edil en el Ayuntamiento. Según dichas anotaciones, dice la acusación, éste "había tasado el precio a pagar por el incremento en los metros de edificabilidad y del número de viviendas respecto a lo legalmente establecido", de forma que, presuntamente, el metro cuadrado de techo de más se fijaba en 80 euros, mientras que "a la vivienda proyectada en exceso se aplicaba la suma de 6.000 euros".

"Consecuencia de ello es el importante lucro que se aseguraban aquellos empresarios y promotores que se prestaban a efectuar dichos pagos a las autoridades municipales por la obtención de licencias de obras ilegales", señala la calificación fiscal, en la que se acusa a otras 16 personas, la mayoría administradores de empresas. Además, se indica que esta presunta trama estaba integrada también por dos funcionarios que tenían que informar en los expedientes.

Éstos eran dos asesores jurídicos de la oficina técnica del Ayuntamiento, quienes, "pese a conocer que los proyectos de obras resultaban incompatibles con el planeamiento municipal y venir informados negativamente por el arquitecto municipal" informaban "siempre", uno en la mayoría de los casos y otro "en alguna ocasión aislada", a favor del otorgamiento de las licencias, precisa el ministerio público.

La acusación sostiene que los administradores de las sociedades que están acusados acordaron, negociaron y, en su caso, abonaron distintas cantidades de dinero por, supuestamente, obtener aumentos de edificabilidad, que en ocasiones llegaron al 230 por ciento con respecto a lo legalmente permitido; lo que se traducía en la construcción de viviendas adicionales, que en algunos casos superaban el doble de las que se podían edificar.

En un caso, el presunto pago fue para una vivienda en suelo no urbanizable, licencia que se refería a una caseta agrícola, aunque las obras proyectadas "presentan las características de una vivienda unifamiliar". En otra ocasión, el edil "exigió, sin éxito", el pago de 122.000 euros "como contrapartida" a una licencia de obra concedida "con infracción de la norma urbanística"; y en otra dio supuestamente otros dos permisos similares, aunque sin que conste pago.

ALCALDE

Para el fiscal, estos hechos "eran conocidos" por el alcalde, que "va a permitir la conducta delictiva en su concejal de Urbanismo, si bien obteniendo a cambio de su silencio la oportuna participación en el dinero así conseguido". De esta forma, señala que tuvo "numerosos ingresos" en efectivos en sus cuentas, que suman 238.785 euros y que "proceden de los pagos efectuados al mismo por el acusado Guerra, obtenidos en el desarrollo de la ilícita actividad desplegada desde la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento".

En este sentido, en el escrito se especifican los ingresos contabilizados entre 2002 y 2006 en las cuentas de Martín Serón, en 2006 en las de su esposa, que estuvo imputada aunque no está acusada; y en dos fechas concretas de 2003 y de 2006 en las de una sociedad. Además, se señala la adquisición de tres fincas por importe de 16.000 euros y el dinero en efectivo encontrado en su casa, 64.780 euros; y en su despacho oficial, 7.000 euros.

La Fiscalía acusa a uno de los asesores jurídicos por 10 delitos contra la ordenación del territorio, que adquiere el carácter continuado, por lo que solicita 18 meses de cárcel y nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público; mientras que para el otro solicita un año de prisión y siete de inhabilitación por un solo delito urbanístico. Además, insta a que se acuerde la nulidad de las licencias concedidas.

Respecto a los empresarios, se acusa a los 16 como autores de un delito de cohecho activo, por el que pide dos años de cárcel y multa de diferente cuantía para cada uno. Además, a 15 de éstos les acusa como cooperadores necesarios o inductores de un delito contra la ordenación del territorio, por el que solicita un año de prisión e inhabilitación por siete años; mientras que a uno de ellos le acusa de dos de estos delitos, por lo que pide dos años de cárcel y ocho de inhabilitación.