MÁLAGA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Málaga ha mantenido la acusación por un delito de estafa para el representante de una empresa por recibir parte de una subvención para un curso de formación con compromiso de contratación sin que se llegara a impartirlo ni tuviera intención de hacerlo. Así, el ministerio público solicita que se le imponga una pena de cinco años de prisión; mientras que la defensa pide la absolución.
Así lo han informado fuentes judiciales, quienes han indicado que se trata de una de las piezas en las que se dividió el caso de presuntas irregularidades en los cursos de formación del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), que no fue archivada al acusarse de estafa; y que se ha celebrado en la Sección Segunda de la Audiencia de Málaga.
En sus conclusiones, la acusación pública sostiene que el procesado "instrumentalizó todo lo relativo a la solicitud y proyecto" del curso "con el fin de obtener y hacer suyo el 75 por ciento del importe de la subvención, como así ocurrió, con el consecuente quebranto patrimonial" a la administración pública que concedió la ayuda; es decir, la Junta de Andalucía.
El fiscal relata en su escrito de acusación que el procesado era administrador de la empresa dedicada a la formación y enseñanza y en representación de esta y "con la intención de obtener una ganancia económica indebida y conocedor de que la misma carecía en esos momentos de las condiciones necesarias para ser beneficiaria", solicitó una ayuda en 2010 dentro del programa con compromiso de contratación.
El curso era de Administrativo Comercial y se comprometía a contratar a nueve alumnos participantes en el mismo, según indica la calificación del ministerio público, a la que ha tenido acceso Europa Press. Meses más tarde le fue concedida la subvención que en total era de 79.950 euros para cubrir los costes de ejecución del curso.
"Con la finalidad de obtener para sí el 75 por ciento del importe de la subvención y reforzar la credibilidad a su espurio compromiso de realizar el curso", señala el escrito, el acusado presentó "un ficticio proyecto", con una ficha de contenidos, programación, calendario y fechas previstas para impartirlo.
Según sostiene la acusación pública, se incluyo en dicho proyecto "la ficha de una monitora, desconocedora de la existencia del curso", ya que se aportó "sin su consentimiento ni conocimiento" su currículum y experiencia formativa. "El curso que desde el principio el acusado no pensaba ejecutar constaba de 820 horas", dice esta parte, apuntando que el procesado recibió el anticipo de 59.962 euros en su cuenta bancaria.
El fiscal ha mantenido tras la celebración la prueba del juicio que se trata de un delito de estafa, por el que solicita, además de cinco años de prisión, el pago de una multa de 4.500 euros y que o él o subsidiariamente la empresa indemnicen a la Junta de Andalucía con la cantidad de 59.962 euros que le fueron transferidos como adelanto por el curso que no realizó.
