Apuesta por la mediación y el arbitraje como mecanismos alternativos
MÁLAGA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha asegurado este viernes que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha remitido un primer documento "absolutamente válido, donde apunta exactamente en la buena dirección de hacer una adecuación de la planta a la realidad de la España del siglo XXI" y ha señalado que el modelo organizativo es "del siglo XIX", está "absolutamente superado" y responde a "unas estructuras económicas totalmente distintas".
Gallardón, que ha clausurado las Jornadas Jurídicas por el Diálogo, organizadas por la Universidad de Málaga (UMA) y la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), patrocinadas por Unicaja, ha señalado que "desde hace mucho tiempo las distancias han dejado de medirse en kilómetros, hoy se miden en tiempo, en minutos" y que "vivimos en una España dinámica, donde las comunicaciones nos permiten la concentración de organismos jurisdiccionales".
Además, ha indicado que ese modelo de estructura "es determinante, porque nos llevará a la creación de los tribunales colegiados de instancia", lo que permitirá "la especialización", otro de los sistemas "que vamos a pedir al legislador que introduzca de cara a la promoción", ha dicho, apuntando que será una especialización que "abarque todo el recorrido de profesionalidad de un juez o magistrado".
Gallardón ha considerado que con la reforma de la Administración de Justicia "avanzaremos de una forma formidable hacia la superación de la crisis económica" y ha asegurado que "nos comprometemos a que la responsabilidad de la iniciativa legislativa la haremos desde el diálogo, desde la actitud de escuchar a todos los actores", en especial a los operadores jurídicos.
Ha señalado que para el Ministerio de Justicia "la crisis no es excusa para no cumplir nuestro programa de reformas", destacando que se ha mantenido "intacta la misma cartera de servicios, no hemos disminuido ni uno solo". No obstante, ha dicho, se hará "con los medios materiales y humanos que tenemos".
"No podemos emprender proyectos de infraestructuras nuevos, no podemos, como sería nuestro deseo, ampliar las plantillas, no podemos, como claro que nos gustaría, convocar unas oposiciones", ha indicado, aunque ha precisado que se convocarán "para cuando hayamos superado la situación de crisis económicas que vivimos", al reconocer que "la ratio de juez por habitante tiene que ser mejorada".
Ha destacado la importancia de reformar la justicia para mejorar la seguridad jurídica, que ha considerado factor de competitividad y forma de conseguir inversiones, apuntando que la ausencia de esta seguridad jurídica "aleja el capital de una forma extraordinaria".
En este punto, se ha referido a la expropiación por parte del Gobierno de Argentina de YPF y ha señalado que "por encima del perjuicio que la empresa española Respsol y los muchos accionistas que tiene puedan tener como consecuencia del gobierno argentino, el principal perjudicado sin ningún género de duda será el propio país y sus ciudadanos", al considerar que "la imagen que se ha trasladado de ausencia de seguridad jurídica lo que hace es alejar cualquier proyecto de inversión".
A este factor ha unido "lo que sería introducir los miles de millones de euros que en estos momentos están pendientes de resolución judicial", dando el dato de que sólo en asuntos en los que interviene la Administración del Estado están pendientes más de 20.000 millones de euros. "Una administración de Justicia ágil lo que hace es evitar que esas cantidades queden retenidas y se incorporen a la generación de riqueza y empleo", ha apuntado.
Ha aludido a la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal "donde daremos un papel mucho más importante que el que tiene ahora el ministerio fiscal con una visión de futuro donde ha de asumir responsabilidades de instrucción, con una imposibilidad de presente, por eso habrá un periodo transitorio como consecuencia de que no podemos ampliar la plantilla del ministerio fiscal en todo el número de jueces y magistrados que en estos momentos están al frente de los juzgados de instrucción".
Ha apostado por "acabar con la politización", indicando que las decisiones del CGPJ "no están marcadas por razón de su propio origen". En este punto, ha reiterado que 12 vocales "volverán a ser de elección por jueces y magistrados" y ha destacado el espíritu de independencia. Ha aludido también a la modificación de los sistemas de gestión, ya que actualmente existen ocho y algunos son incompatibles; y del Código de Comercio.
Este ministerio, ha indicado, "se ha propuesto algo tan sencillo y tan ambicioso como la modernización de la Justicia" y se ha preguntado "por qué no hemos conseguido con la administración de Justicia" los mismos niveles de calidad que en otros servicios, como la sanidad.
Ha indicado que España tramitó el pasado año unos nueve millones de asuntos judiciales, mientras que Francia, con 20 millones de habitantes más, tramitó seis millones y medio de asuntos, por lo que ha apostado por reflexionar sobre el uso de los ciudadanos de la administración de justicia.
Así, ha apostado por mecanismos alternativos de resolución de conflictos, como la mediación, que ya está en marcha y afecta fundamentalmente a los órdenes mercantil y civil, pero que "no descarto que esa medida sea extensible a otros órdenes jurisdiccionales". También ha hablado del arbitraje y de que otros actores, como fedatarios públicos, puedan tramitar asuntos o expedientes determinados, como divorcios.
