MÁLAGA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -
IU Para la Gente en Diputación ha presentado una moción para su debate el próximo martes en la comisión Especial de Cuentas y Desarrollo Económico y Productivo en la que instan a elaborar un decreto para la inclusión de cláusulas sociales y medioambientales en las contrataciones que se realicen desde esta institución.
En concreto, plantean que dichos criterios, relacionados con la calidad de las condiciones de empleo, la inserción sociolaboral de colectivos con especiales dificultades de integración, la diversidad funcional, políticas de género, medioambientales y de comercio justo, entre otros, tenderán a valorarse en un mínimo del 60 por ciento sobre la puntuación total.
Asimismo, proponen que aquellos supuestos en que los órganos de contratación utilicen más de un criterio para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta más ventajosa, "deberán incluirse criterios que permitan identificar la oferta que presente la mejor relación calidad/precio, tales como la calidad, accesibilidad, características sociales, medioambientales o innovadoras, e estén vinculados estos conceptos al objeto del contrato y formulados de forma objetiva con pleno respeto a los principios de igualdad, no discriminación, transparencia y proporcionalidad".
Entre los puntos de la moción también se recoge que no se prorroguen los contratos vigentes, redactando cuando expire cada uno de ellos un nuevo pliego que incorpore cláusulas sociales y medioambientales.
El portavoz y la diputada de IU Para la Gente, Guzmán Ahumada y Teresa Sánchez, han recordado que la contratación pública es uno de los principales mecanismos con los que cuentan las administraciones públicas para conseguir el bienestar de los ciudadanos, precisando que "su peso económico se cifra en más de un 15 por ciento en el PIB del Estado".
"Si nos preguntáramos sobre el dinero presupuestado en la Diputación para trabajos que desarrollaran empresas privadas o para subvenciones a empresas municipales que prestan servicios públicos nos daríamos cuenta de que estamos hablando de una cantidad muy importante del gasto público provincial", han explicado.
Por ello, han asegurado que la contratación pública "puede ser una herramienta jurídica al servicio de los poderes públicos para el cumplimiento de sus fines y valores fundamentales", como la cohesión social, redistribución de la riqueza, igualdad, justicia "o todo lo contrario".
Al respecto, han añadido que se debe evitar que la mayor ponderación del criterio precio, entre los tenidos en cuenta para adjudicar los contratos, "incida negativamente en el mercado laboral, destruyendo empleo o empeorando y precarizando directamente las condiciones y los derechos laborales de los trabajadores".
IU opina que los objetivos de las administraciones municipales en este ámbito deben estar dirigidos a la consecución de una contrataciones locales pública "estratégica, sostenible y socialmente responsable" que tenga en cuenta no solo la calidad, eficacia y sostenibilidad medioambiental en la prestación de servicios y en las compras públicas, "sino también la necesidad de no incidir negativamente sobre las condiciones en las que se desarrolla la prestación laboral o sobre el propio empleo".
"La oferta económicamente más ventajosa no tiene por qué identificarse con la del precio más bajo", ha insistido IU en la moción en la que recuerda que el marco normativo de la contratación pública se ha visto modificado con la aprobación de una nueva Directiva.
"Es fundamental por tanto conseguir que la prestación de servicios públicos y las compras públicas sean de calidad, estratégicas, sostenibles y socialmente responsables, y que deje de tener efecto la obligatoriedad de que el precio más bajo sea el que determine la elección de la empresa cuando se utilice más de un criterio de valoración", han asegurado, añadiendo que así "podrá evitarse, como se ha señalado antes, que la contratación pública incida de forma negativa en el ámbito laboral".
Por otro lado, insisten en que tiene que tenerse en cuenta que en aquellos contratos en los que el componente económico fundamental viene constituido por el coste de la mano de obra, "la mayor ponderación del criterio precio entre los tenidos en cuenta para su adjudicación puede incidir negativamente en el mercado laboral y ser utilizado de forma indirecta o directa para justificar numerosas actuaciones que acaban destruyendo empleo o/y empeorando las condiciones laborales de trabajadores".
