MÁLAGA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -
El parlamentario andaluz y coordinador de IU en Málaga, José Antonio Castro, criticó que no se haya puesto en marcha aún "una estrategia integral" para actuar en el litoral y criticó que, "durante más de 20 años de vida de la Ley de Costas, se hayan estado permitiendo auténticas barbaridades". Por ello, exigió una política "completamente distinta a la desarrollada hasta ahora".
En este sentido, denunció "el atraco a mano armada al litoral" llevado a cabo en los últimos años y lamentó que, "pese a tener una normativa muy avanzada en materia de preservación del litoral, como es la Ley de Costas, haya habido una relajación absoluta en su aplicación", lo que ha conllevado "una ocupación del litoral con efectos negativos en su dinámica natural".
Castro insistió, por tanto, en la necesidad de contar con "una estrategia integral que de verdad aborde una recuperación del dominio público marítimo-terrestre; que regenere las dinámicas y los espacios naturales, que también son fuente de empleo y riqueza, y que se oponga a la proliferación de tanto puerto deportivo".
INCUMPLIMIENTO DE DIRECTIVA COMUNITARIA
Precisamente, señaló a Europa Press que, según una respuesta parlamentaria a IU de la consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo, existen dos dictámenes de la Comisión de las Comunidades Europeas por el "incumplimiento" por parte de la Junta de la directiva comunitaria 91/271, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, por lo que se le insta a que, en el plazo de dos meses desde su recepción, adopte las medidas requeridas para ajustarse a lo establecido en la norma.
De todos modos, desde la Consejería de Medio Ambiente se precisó que estos dictámenes se encuentran dentro de un procedimiento iniciado en 2003, en el que se han llevado a cabo varias actuaciones, de manera que los datos en los que se basa la evaluación de la Comisión Europea y que dieron lugar a estos dictámenes, contienen información anterior a la actual, en concreto de finales de 2007, "quedando obsoleta".
Por apreciarse diferencias relevantes en el estado de depuración de las aglomeraciones urbanas requeridas, se realizó una revisión de estos datos y en el plazo requerido la Consejería remitió información actualizada al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino sobre este aspecto, así como de las medidas adoptadas para el cumplimiento de la directiva comunitaria, según se señala en la respuesta.
Desde la Consejería destacaron el hecho de que, en algo más de 15 años, se ha pasado de un porcentaje de población con depuración de 28 por ciento al 85 por ciento. Además, en materia de saneamiento y depuración confluyen competencias entre las distintas administraciones --local, autonómica y central--, lo que "hace necesario en todo momento establecer una coordinación institucional para una política coherente".
CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS
Así, argumentaron que están auxiliando técnica y económicamente a las corporaciones locales a través de la firma de protocolos y convenios para la mejora del ciclo integral urbano del agua y la prestación por parte de éstas de los servicios públicos en materia de agua.
Estas inversiones, por valor de más de 2.400 millones de euros, se encuentran recogidas en 25 convenios o protocolos que cubren una población de hecho cercana a los siete millones de habitantes y que alcanza una población estacional de casi 8,5 millones.
Unido a ello, y en el marco del Acuerdo Andaluz por el Agua, suscrito el pasado 3 de febrero, la Junta va a poner en marcha un plan de medidas para la dotación de infraestructuras, que permita a toda la ciudadanía contar con unos servicios públicos urbanos del agua bajo unos estándares de calidad homogéneos.
Este plan permitirá al Gobierno andaluz completar la red de depuradoras en aquellos municipios en los que, en la actualidad, carecen de ellas, sobre todo en las pequeñas localidades y zonas rurales, cuya capacidad económica y técnica para la prestación de estos servicios es inferior a las grandes aglomeraciones urbanas.
Por último, en la respuesta a Izquierda Unida, se establece también que el 9 de febrero de 2006, junto con el anterior Ministerio de Medio Ambiente, la Consejería suscribió un convenio de colaboración para el desarrollo de las actuaciones declaradas de interés general del Estado en el ámbito de las cuencas hidrográficas intracomunitarias de Andalucía y que, actualmente, se encuentra en ejecución.
La financiación con cargo al Gobierno central, en el marco de este convenio de colaboración, es de 319,4 millones de euros para el periodo 2006-2013, destinada a actuaciones de abastecimiento, saneamiento, depuración y encauzamiento en las cuentas intracomunitarias de Andalucía.
