MÁLAGA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -
El grupo de IU en la Diputación de Málaga instará a la Corporación provincial a que cree un fondo de emergencia, gestionado por los Servicios Sociales Comunitarios, que permita paliar los efectos de la pobreza energética y contribuir a la mejora de las condiciones de vida de los más de 60.000 malagueños que la sufren.
Así, a través de una moción que IU presentará este lunes en la Comisión Informativa de Ciudadanía, pedirá que la Corporación provincial exija a las compañías eléctricas que operan en Málaga que faciliten a cada uno de los ayuntamientos la información acerca de los cortes de luz por impago.
De igual modo, se demandará el apoyo y la adhesión de la Diputación a las iniciativas ciudadanas que rechazan el 'tarifazo' eléctrico y que promueven "una nueva política energética desde la consideración de la energía como un bien estratégico y fundamental para la vida, cuyo suministro básico ha de ser garantizado", según ha explicado a Europa Press la portavoz de IU en la entidad supramunicipal, Antonia Morillas.
Morillas ha recordado el inicio de 2014 "con una subida del recibo de la luz del 2,3 por ciento, que viene a sumarse a los incrementos anteriores", así como al IVA del 21 por ciento. "El Gobierno del PP, así como ya hicieron los anteriores, actúa como brazo ejecutor del 'lobby' eléctrico --ha criticado--, obviando que la energía es un bien básico para la vida y que, en ningún caso, puede ser comercializado como si de un bien de lujo se tratara".
En la provincia de Málaga, más de 60.000 hogares sufren la pobreza energética, "sin que las administraciones públicas estén dando una solución", ha lamentado Morillas, quien ha incidido en que en 2013 Cruz Roja atendió a más de 21.500 malagueños en el marco de su plan de lucha contra la exclusión social. Esta organización ya señalaba a finales del pasado año que los más afectados por la subida de la luz serían los mayores de 65 años, de los que un 33 por ciento no pueden encender la calefacción.
Según los datos del Eurostat --la oficina estadística de la Comisión Europea-- a los que hace referencia Morillas en la moción de su grupo, el precio de la luz se ha incrementado en un 104 por ciento en la última década en España, ocupando el tercer puesto en la clasificación de los países europeos con el servicio más caro, solo detrás de Malta y Chipre.
Asimismo, los beneficios de las eléctricas, fruto del proceso de liberalización iniciado en 1997, se han incrementado año tras año. En 2010 aumentaron un 10,11 por ciento, cuando la media europea estaba en el 5,13 por ciento. Por tanto, "el proceso de privatización de la energía en España solo ha beneficiado al 'lobby' eléctrico, amparado por los sucesivos gobiernos del PSOE y del PP", ha manifestado.
El problema, ha destacado Morillas, es que "son los ciudadanos los que asumen el pago de la generación de la energía y la deuda generada en los últimos años, y ello, además, en un contexto social donde el desempleo, la precariedad y el empobrecimiento caracterizan las condiciones de vida de la mayoría social". "El país de la UE donde hay unas mayores tasas de desempleo es al mismo tiempo en el que sus ciudadanos pagan más por un bien básico, como es la luz", ha advertido la diputada de la coalición de izquierdas.
"BIEN ESENCIAL"
"Desde IU consideramos que la energía es un bien esencial y estratégico para la vida y que, por tanto, ha de ser gestionado desde lo público y no puede estar supeditado al interés privado", ha defendido Morillas, añadiendo que "los ayuntamientos y la Diputación de Málaga no pueden estar ajenos a la realidad precaria que vive la provincia, donde más de un 30 por ciento de su población vive en riesgo de exclusión social y tiene dificultades acuciantes para llegar a fin de mes y acometer los pagos de cuestiones tan básicas como la vivienda, la luz, el agua o la alimentación".
Ha recordado, en este punto, que su grupo propuso en las enmiendas al presupuesto de la Diputación para 2014 la creación de un fondo de emergencia social, dotado con cinco millones de euros, que atendiera, entre otras cuestiones, la situación de pobreza energética que afecta a más de 60.000 ciudadanos de la provincia.
