26 de enero de 2020
3 de junio de 2009

La Junta estudia poner en marcha un certificado de calidad y seguridad jurídica de las construcciones

MÁLAGA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía está dispuesta a colaborar en la puesta en marcha de un sistema de certificación de calidad y seguridad jurídica de las construcciones, según informó hoy el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, quien apuntó que con esto se pretende "lanzarnos a una campaña de recuperación de la imagen y la credibilidad, que supone recuperar el interés del inversor".

Espadas, que asistió hoy en la actividad 'Desayunos con abogados', organizada por el Colegio de Abogados de Málaga, señaló que se trata de una iniciativa "que llega del sector", en concreto de empresarios de Almería y Málaga, y apuntó que ya se ha pedido un encargo formal "para ver cuál sería la plataforma de empresarios dispuestos a entrar en ese sistema de calidad, que la Junta de Andalucía apoyaría con algún sistema de validación".

En este punto, explicó en declaraciones a los periodistas que "no es de regulación obligatoria sino autorregulación de aquellos promotores que quieran que sus edificaciones tengan un certificado que acredite una serie de requisitos, entre otros el cumplimiento escrupuloso de la legalidad urbanística".

"Me gustaría que fuera una oferta genérica a cualquier empresario de Andalucía", aseguró el consejero, quien, no obstante, supuso que en el litoral "va a haber más interés porque es donde se ha castigado más, no sólo en temas de licencia, sino también respecto a modelos de desarrollo urbanístico más o menos depredadores sobre valores naturales o viabilidad de recursos hídricos".

Estimó que se trata de "algo novedoso en el sector, desarrollado en dos o tres países de Europa", ya que supone "no sólo dar garantía sobre la vivienda sino sobre el cumplimiento de una serie de parámetros del entorno, dónde se desarrolla, características, etcétera".

A este respecto, aseguró que esta iniciativa "podría recuperar la credibilidad y la imagen de un territorio, que no la ha perdido sino que lo que hay es una duda o inquietud de si se cumplen todos los parámetros de seguridad".

En su intervención, dijo no estar de acuerdo con atribuir toda la culpa de las construcciones ilegales a una parte de la cadena, al indicar que no cree "en esos paisajes bucólicos del inversor extranjero que ha ahorrado a lo largo de su vida de trabajo y vienen a retirarse a esta tierra y sin conocimiento alguno compra una parcela donde decide edificar. En sus países de origen hay normativas y formas de saber la seguridad o no de inversión".

"Asignemos responsabilidades, que de todas hay en la cadena, y no eximamos absolutamente a los que han querido hacer un negociete y aprovechar una ventaja en un momento determinado de algo que valdría infinitamente más caro en sus lugares de origen y que aquí lo ha encontrado a un precio magnífico", apuntó Espadas, quien pidió "prudencia".

Por último, recordó la crítica "dura" realizada en este sentido por el Parlamento europeo, aunque indicó que se ha planteado "con carácter general", lo que, dijo, "no me gusta". "Creo que se han cometido errores y eso ha generado en algunos puntos situaciones de inseguridad jurídica importantes pero me parece que hacer una lectura genérica de que eso es Andalucía me parece perverso", apuntó.

ADAPTACIÓN DE PLANES GENERALES

Por otro lado, cuestionado tras su intervención sobre las adaptaciones parciales de los planes generales a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), indicó que el decreto de enero de 2008 supuso una "oportunidad bien aprovechada" y señaló que para el cumplimiento del mismo se desplegó "toda una maquinaria en medios humanos o técnicos".

Esto ha permitido, dijo, "que en un año pasemos de en torno a 70 municipios adaptados a la LOUA a estar ahora en 166 y tenemos en carga para llegar a los 260 en torno al mes de octubre". Consideró que "era el objetivo que se perseguía", aunque dijo que espera "mucho más de esa maquinaria", por lo que confió en que "de aquí a final de año demos el empujón definitivo".

Destacó la importancia de "hablar el mismo lenguaje", por lo que señaló que propondrá a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) la puesta en marcha de un programa de formación interadministrativa, "seleccionando cada ayuntamiento un número de técnicos que sean interlocutores permanentes y nos permitan ir desarrollando casi canteras de gente preparada".