MÁLAGA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Andalucía ha negado que exista trato discriminatorio al Ayuntamiento de Málaga en relación con las inversiones del metro y ha criticado, por otro lado, "los obstáculos" al proyecto del suburbano "con los recursos judiciales interpuestos".
"El Ayuntamiento de Málaga no ha recibido ningún trato discriminatorio respecto al Consistorio de Sevilla en términos de cumplimiento de las obligaciones económicas con respecto a su aportación a la inversión en la construcción de los metros de ambas ciudades", según han informado a Europa Press fuentes de la Consejería de Fomento y Vivienda.
Además, desde el departamento que dirige el consejero andaluz Felipe López han cuestionado que el alcalde, Francisco de la Torre, "sugiera que no ha habido boicot al proyecto del suburbano cuando el Consistorio malagueño ha interpuesto varios recursos antes los tribunales que han obstaculizado y dilatado su desarrollo".
En lo que respecta a la inversión del metro, la Consejería ha aclarado que en el caso de Sevilla, tal y como se ofertó en su momento al Ayuntamiento de Málaga, el Consistorio hispalense aportó "en especie" su participación económica, "que conforme al convenio de colaboración para la construcción de la L1 del metro de Sevilla, ascendía a 17,5 millones de euros en concepto de anticipo de la financiación del Estado".
En este sentido, han recordado que el Consistorio y la Junta de Andalucía formalizaron un convenio para articular un mecanismo de compensación, propuesto también al Ayuntamiento de Málaga, por el que, en lugar de efectuar dicha aportación dineraria, el Ayuntamiento de la capital hispalense se comprometía a realizar obras de movilidad urbana sostenible, en concreto, gran parte de la red de carriles bicis, el bulevar de Bellavista y otras actuaciones, que acometió por valor de más de 26 millones.
Según las citadas fuentes, "no se comprende a qué agravio se refiere el alcalde de Málaga, ya que el Consistorio aún no ha aportado ni un euro a la obra del metro, y en su día el Gobierno andaluz le planteó también en reiteradas ocasiones articular dicho mecanismo de compensación de su aportación dineraria a cambio de actuaciones en materia de movilidad sostenible, como figuró literalmente en el protocolo de intenciones firmado el 11 de noviembre de 2013".
En este punto, las mismas fuentes han apuntado a que "de nuevo el Ayuntamiento de Málaga opta por un argumento recurrente para distraer la atención en lugar de haber completado una relación de actuaciones en materia de movilidad sostenible financiadas por el municipio que pudieran compensar su aportación dineraria al metro, como sí hizo y materializó el Ayuntamiento de Sevilla".
Por otro lado, la Consejería de Fomento y Vivienda considera "incomprensible" que el alcalde de Málaga critique ahora la decisión adoptada en 2013 para la culminación de la red del Metro de Málaga, mediante las extensiones de las L1 y L2 hasta Atarazanas y Hospital Civil, y que ahora califica como de "invento de un tramo nuevo".
Dicha decisión, han recordado, "fue primero, negociada y pactada en septiembre de ese año por ambas administraciones y, finalmente, ratificada, con la firma por parte del regidor y de la Junta de Andalucía del protocolo de intenciones suscrito el 11-11-2013, que refrendaba dicho diseño final al objeto de garantizar "la finalización de las obras y su puesta en funcionamiento con criterios de máxima eficiencia y de forma que se garantice la viabilidad económica y rentabilidad social" de dicha actuación.
Por ello, desde la Consejería sostienen que "es difícil también entender las declaraciones del alcalde negando que haya boicot alguno al proyecto del metro de Málaga cuando, al margen de otras actuaciones dilatorias, ha judicializado esta actuación".
Así, han aludido a que se recurriera "en cuatro ocasiones ante el TSJA la tramitación del proyecto de prolongación del metro de Málaga hasta el Hospital Civil, con dos recursos contra el proyecto básico, que el TSJA rechazó, y dos recursos más contra el proyecto constructivo, a lo que hay que añadir su recurso ante el TSJA contra las liquidaciones practicadas por la Junta al Consistorio para que hiciera frente a sus obligaciones económicas con respecto al metro, que el Contencioso Administrativo admitió parcialmente".
