Aseguran que una legalización de casas a través de un nuevo PGOU "para nada afecta al tema de la responsabilidad penal"
MÁLAGA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -
El magistrado de la Sala III del Tribunal Supremo Segundo Menéndez indicó que los compradores de buena fe de viviendas presuntamente ilegales "aunque son terceros, se subrogan en los derechos y en los deberes de aquel que le transmitió el bien inmueble", por lo que dijo que "se subrogan en los deberes urbanísticos y consecuentemente están sujetos al deber urbanístico de, en su caso, proceder al derribo de aquello que ilegalmente haya sido construido".
Menéndez, que participó hoy en una mesa redonda sobre 'El derecho urbanístico' dentro de las VII Jornadas Jurídicas Malacitanas, patrocinadas por Cajamar, indicó que estos compradores de buena fe son "las personas que más se ven perjudicadas por las irregularidades urbanísticas", aunque señaló que la posición jurídica de éstos "está clarificada en la jurisprudencia del Tribunal Supremo".
Así, insistió en que ese tercero "se subroga en la posición del promotor, del vendedor o de quien sea". Por otro lado, se refirió a la posible protección o garantía que da la institución del Registro de la Propiedad, en concreto lo que dispone el artículo 34 de la Ley Hipotecaria, a aquellos que "han adquirido con la confianza que le proporciona dicho registro donde no ha visto reflejada ningún tipo de regularidad".
En este sentido, dijo, en rueda de prensa previa al debate, que el principio de fe pública registral "no protege al tercer adquiriente de una vivienda ilegal", puesto que "se protege el derecho que se tiene sobre una cosa, pero no la cosa". "De tal forma que si la cosa con arreglo al ordenamiento jurídico tiene que desaparecer, debe desaparecer", apostilló.
A este respecto, la alcaldesa de Marbella (Málaga), Ángeles Muñoz (PP), se remitió a las palabras del presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, sobre que los compradores "no tenían nada que temer" y entendió que eso "daría salida a una situación que se ha prolongado en el tiempo". No obstante, apuntó que "ha habido unos sistemas de control que no se han ejercido, competencia de la propia Comunidad Autónoma".
"Creo que también aquí se deberían establecer responsabilidades a la hora de valorar de quién debería compensar o cómo se deberían articular las propuestas para la situación actual que vivimos en Marbella", aseveró Muñoz, quien esperó "una gran voluntad política" de la administración andaluza para salir de la situación.
Afirmó que el nuevo Ayuntamiento es "absolutamente respetuoso" con la legalidad y añadió que "evidentemente, va a acatar las resoluciones judiciales". Esperó que las compensaciones que tienen que asumirse por parte de la ciudad "no recaigan en esos compradores de buena fe", para lo que, dijo, "intentaremos articular los mecanismo necesarios".
LEGALIZACIÓN.
La alcaldesa precisó que el nuevo Plan General de Marbella no supone "ninguna amnistía ni una ley de punto final". En este sentido, Menéndez indicó que la legalización urbanística y el delito penal "son dos planos que deben separarse". "Si ha habido hechos delictivos, la circunstancia de legalización vía planeamiento de las irregularidades para nada afecta al tema de la responsabilidad penal que haya existido con anterioridad".
Por su parte, el presidente de dicha Sala, Ramón Trillo, precisó que una nueva planificación urbanística "no tiene por sí implicar que desaparezca el delito" y aseveró que si algunos abogados están argumentando eso "están buscando la salida razonable desde su punto de vista de defensa, lo cual no quiere decir que ésta vaya a tener éxito".
Añadió que el mero interés de la legalidad "no legitima a una persona para acudir a los tribunales", por lo que precisó que cualquier ciudadano "tiene que acreditar un perjuicio personal, no simplemente decir que se cumpla la legalidad" para poder pedir responsabilidades.
CAUSAS URBANÍSTICAS.
Por otro lado, cuestionados por la posible unificación de causas urbanísticas que tienen pendientes ex ediles marbellíes por una posible conexidad, Menéndez precisó que la Ley de Enjuiciamiento Criminal "define" los delitos conexos, por lo que es algo que, en su opinión, "no está sujeto a la voluntad del juez sino a la aplicación estricta de la ley".
Cuestionado por el conflicto entre la jurisdicción penal y la contenciosa en los casos de licencias urbanísticas, Menéndez explicó que la primera es "preferente". En términos generales, Trillo dijo que se trata de "un tema delicado", pues cuando la jurisdicción contenciosa "ha sido más lenta" se han dado casos de condenas "basadas en ilegalidades que luego se consideraron legales".
Respecto a las competencias municipal, Menéndez indicó que el tema "no plantea" jurídicamente problema alguno, puesto que "mientras que la Constitución no se modifique, el municipio tiene garantizada constitucionalmente autonomía para la defensa de sus intereses" en el ámbito urbanístico.
Por último, también consideró que "está resuelto en nuestro ordenamiento urbanístico" el conflicto entre municipios y comunidades autónomas, de forma que "no hay juego para cambiar esa articulación, salvo que se empiece cambiando el artículo 140 de la Constitución".
