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La Fiscalía solicita cuatro años de prisión y la acusación particular eleva la petición de pena al acusarlos también de estafa
MÁLAGA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Sección Segunda de la Audiencia de Málaga tiene previsto juzgar desde este próximo lunes al que fuera dueño de la promotora Aifos y a su mujer, a los que la Fiscalía acusa por apropiarse del dinero, más de un millón de euros, entregado por compradores de vivienda de la promoción Hacienda Casares. La acusación particular, que representa a los afectados, que son extranjeros, les acusa también por estafa, por lo que eleva la petición de pena.
Se ha fijado que el juicio siga los días 10, 11 y 12 de este mes. El fiscal solicita cuatro años de prisión y multa de 6.000 euros a cada uno por un delito continuado de apropiación indebida; mientras que la acusación particular pide ocho años de cárcel --al añadir estafa-- y multa de 12.000 euros a cada uno. Reclaman que los acusados indemnicen a los perjudicados, considerando a Aifos, que está en concurso de acreedores, responsable civil subsidiaria.
El ministerio público relata en su escrito de acusación provisional que 26 personas y una entidad compraron distintas viviendas de dicha promoción, constando en los contratos, "de manera expresa", que las cantidades entregadas les serían devueltas con el interés en caso de que se instara la resolución del mismo por expirar el plazo de inicio de las obras --fijado para noviembre de 2004-- o de fin.
El fiscal señala en sus conclusiones iniciales, a las que ha tenido acceso Europa Press, que "la construcción nunca se alzó" por retrasos en la urbanización de los terrenos, a la que se había comprometido otra entidad, vendedora de aquellos a Aifos, y considera que "no puede acreditarse haber empleado el dinero recepcionado de los adquirientes en las necesidades derivadas del proceso constructivo".
"Si hubiera aperturado cuenta especial donde ingresar las sumas recibidas, sin aplicarlas a otros menesteres, podría haberlas devuelto, más no lo hizo ni ha verificado la restitución del dinero por otros cauces", precisa la Fiscalía. La acusación particular añade que en los contratos se hacía constar que Aifos estaba desarrollando la promoción, lo que hizo pensar a los compradores que "la obra estaba ejecutándose y que no iban a existir problemas".
Asimismo, en cuanto a las cantidades entregadas, constaba que "la parte vendedora se obligaba a entregar los correspondientes avales", dice la acusación particular en su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se señala que los clientes dieron su consentimiento a firmar los contratos "bajo un claro y evidente engaño", pensando que las obras estaban en marcha "cuando la realidad era muy distinta: no había ni licencia de obras".
