MÁLAGA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -
Un jurado popular tiene previsto juzgar desde este lunes a un hombre, acusado de un delito de asesinato y para el que la Fiscalía pide que se le imponga una pena de 25 años de prisión por, supuestamente, acabar con la vida de su esposa, de la que llevaba unos 20 años separado de hecho, con el fin de cobrar una pensión.
Los hechos sucedieron en febrero de 2016 en la localidad malagueña de Fuengirola. Según las conclusiones iniciales del fiscal, el acusado aprovechó "la buena relación que mantenía con su esposa", a pesar de llevar mucho tiempo separados de hecho, para presentarse en el domicilio de ella, de donde el procesado tenía las llaves.
Así, la acusación pública señala en sus conclusiones provisionales, a las que ha tenido acceso Europa Press, que, "con la clara intención de acabar con la vida de la mujer" y utilizando un objeto afilado que no ha sido encontrado, supuestamente "propinó sorpresivamente un golpe a la víctima en la zona parietal derecha".
La mujer no pudo esquivar el golpe "toda vez que lo recibió de espaldas", sufriendo una herida y un traumatismo craneoencefálico severo, con hemorragias que produjeron una posterior parada cardiorespiratoria y, al final, la muerte, según se indica en el escrito del ministerio fiscal.
Tras esto, supuestamente, el hombre "arrojó escaleras abajo el cuerpo de la mujer para simular una caída" y se marchó de la casa, "dejándola agonizante" en ese momento. El informe forense indicó que la mujer llevaba muerta menos de 24 horas cuando fue encontrado su cadáver.
Para el fiscal, el procesado "acabó con la vida de su esposa con la única intención de percibir una pensión mensual de unos 3.000 euros que la mujer cobraba y de la que sería perceptor el acusado en caso de fallecimiento de ella toda vez que el matrimonio nunca tuvo hijos".
Por estos hechos, el hombre será juzgado por un delito de asesinato, solicitando la Fiscalía que se le imponga la pena de 25 años de prisión y que indemnice a los herederos legales de la víctima con la cantidad de 300.000 euros, considerando que se debe aplicar la circunstancia agravante de parentesco.
