MARBELLA (MALAGA), 20 Abr. (EUROPA PRESS) -
El juez de Instrucción número 5 de Marbella (Málaga), Miguel Angel Torres, que investiga la presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento marbellí, ha denegado la libertad para la que fuera primer teniente de alcalde, Isabel García Marcos; al tiempo que entiende que no procede declarar la nulidad de actuaciones, pedida por la defensa de la imputada.
Según confirmaron a Europa Press fuentes de la defensa, el instructor ha resuelto en sentido negativo el recurso e indica en un auto que concurren los supuestos para la prisión provisional, como serían el peligro de destrucción de pruebas y el de fuga, por lo que determina que permanezca en la cárcel de Alhaurín de la Torre (Málaga).
Además, las mismas fuentes precisaron que considera que tiene jurisdicción para conocer del procedimiento, por lo que estima que no hay motivos para alegar la nulidad de actuaciones, que solicitó la defensa de García Marcos, codirigida por el ahora letrado Javier Gómez de Liaño.
La ex socialista ingresó en la cárcel el pasado 2 de abril tras prestar declaración durante cinco horas ante el juez Torres, quien decretó prisión incondicional sin fianza, imputándole los delitos de cohecho y alteración de los precios en concurso y subasta pública.
Posteriormente, la defensa de la primera teniente de alcalde presentó un recurso de reforma contra el auto de prisión en el que se instaba a la nulidad de actuaciones y a conceder la libertad provisional a su patrocinada.
En la primera parte del recurso se pedía la nulidad de actuaciones por carecer de jurisdicción al juez instructor, que se encuentra en comisión de servicio, basándose en el artículo 238 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y en el artículo 24 de la Constitución.
Como motivo subsidiario se solicita la puesta en libertad de García Marcos por indebido encarcelamiento. El fiscal se opuso a este recurso, informando en contra y pidiendo que se ratificara la prisión provisional, según apuntaron fuentes judiciales.
En el primer auto de prisión, el instructor hablaba de la presunta participación de García Marcos en la preparación de una ordenanza fiscal para el servicio de grúa "hecha a la medida de las necesidades" del empresario Ismael Pérez, también imputado y en prisión por esta causa. Además, indicaba que ésta desarrolló una actividad por la que concertó contratos, pactándose varios pagos.
El juez consideró que esta actitud "pone de manifiesto una lamentable confusión, tan llamativa como sorprendente, entre lo público y lo privado, y una vergonzante actitud de aprovechar la posición institucional en el Ayuntamiento para obtener beneficios en contratos".
