Con el dinero se financiaban actividades públicas y privadas de los partidos en coalición y para "enriquecerse personalmente"
MÁLAGA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -
La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona, Isabel Conejo, encargada del caso contra la presunta trama de corrupción urbanística municipal, estima que Antonio Barrientos, como alcalde de la localidad, "resultaría el máximo responsable de una estructura" en el entorno del Ayuntamiento "orientada a obtener fondos de distintos promotores y empresarios" con el fin de "financiar actividades tanto públicas como privadas de los partidos políticos en coalición", así como para "enriquecerse personalmente".
En el auto de prisión, dictado por la instructora el pasado viernes sobre Barrientos, al que le imputa indiciariamente los delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación y blanqueo, se señala que una de las principales fuentes para obtener ingresos "era la infravaloración de los aprovechamientos urbanísticos, propiciando un notable incremento en la plusvalía en los promotores y empresarios a los que como contrapartida se les solicita el pago de cantidades de dinero".
Para la jueza, según añade en su resolución, a la que tuvo acceso Europa Press, existen también indicios de que éste "ha permitido y realizado actividades de mediación en la contratación de numerosas personas por razones de titulación personal o afinidad política, sin seguir los cauces legalmente establecidos para ello"; así como que se realizó presuntamente contratación pública de obras y servicios "sin cumplir las exigencias legales y la concurrencia de interesados".
"Finalmente, el imputado supuestamente ha destinado fondos públicos a usos ajenos a la función pública, pudiendo haber obtenido beneficios propios por dicha conducta", añade el auto, en el que se indica también que podría haber cometido un presunto delito de blanqueo de capitales "mediante la ocultación del producto derivado de los hechos delictivos".
Para justificar la prisión, la jueza habla de la gravedad de las penas de los delitos que se le imputan, lo que "lleva a pensar que existe riesgo de fuga ante la posibilidad de que el imputado huya"; y también argumenta que "podría llegar a interceder en declaraciones de otras personas implicadas en los hechos o testigos" por el "poder" de Barrientos, al tener "una gran influencia sobre el resto de miembros del Consistorio y empresario de relevancia" por su posición dentro del Ayuntamiento.
Antes de conocer esta decisión de la jueza, el entonces regidor firmó un escrito dirigido al Pleno en el que presenta su dimisión irrevocable, documento que fue hoy registrado en el Ayuntamiento por la concejala socialista María Miralles, quien dijo que "en el escrito dice que solo renuncia como alcalde".
La defensa del ya ex alcalde esteponero tiene previsto presentar esta semana un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial contra este auto, ya que, en su opinión, "carece absolutamente de fundamento", considerando que la orden de prisión para Barrientos "estaba ya en el guión".
De los 26 detenidos en esta operación, cinco ingresaron en prisión, mientras que 18 quedaron en libertad provisional con fianza --entre ellos cuatro concejales socialistas-- y tres en libertad con cargos y sin fianza. Además, el edil de Urbanismo, Rafael Duarte, declaró como imputado en la Comisaría de Policía.
