ESTEPONA (MÁLAGA), 17 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Estepona (Málaga) ha comenzado esta tarde a tomar declaración a los detenidos en el marco de la operación policial contra la corrupción desarrollada hoy en dicha localidad, según informaron a Europa Press fuentes judiciales.
De hecho, ya se ha tomado declaración a dos de los presuntos implicados, con iniciales M.C.H. y J.L.C.A., según indicaron las fuentes, quienes precisaron que está previsto que hoy comparezcan en total cinco. Aseguraron que la jueza tomará la decisición sobre la situación personal de cada uno al final de las comparecencias.
Agentes de la Policía Nacional, adscritos a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría General de Policía Judicial, han desarrollado un amplio dispositivo policial contra la corrupción urbanística en dicha localidad, en la que se han detenido hasta ahora a 25 personas, entre ellas a los principales responsables de la corporación municipal, técnicos, abogados y empresarios.
La operación, bautizada con el nombre de 'Astapa' y que ha sido coordinada por el Juzgado y la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad organizada, se extiende también en las provincias de Madrid, Córdoba, Bilbao y San Sebastián. En estas diligencias se investigan supuestas irregularidades urbanísticas, a través de licencias, convenios, recalificaciones o aprovechamientos urbanísticos.
Entre los detenidos están los principales responsables de la corporación municipal, como el alcalde, Antonio Barrientos; el concejal de Hacienda, Francisco Zamorano, la edil de Educación, María Victoria López; la concejala de Playas, Marisa Rodríguez Pino; técnicos, como el arquitecto Arturo Cebrián y el jefe de Gabinete, José Flores; abogados y empresarios. Además, también habría sido arrestado el concejal del Partido Estepona (PES) Manuel Reina.
Se están practicando 38 registros domiciliarios y societarios y también se han expedido órdenes de prohibición de enajenar bienes inmuebles, dirigidas a 22 registros de la propiedad, de 55 personas físicas y jurídicas, y se ha solicitado la prohibición de enajenar 64 bienes muebles de 36 personas. Asimismo, se ha ordenado el bloqueo de cuentas corrientes y activos financieros, dirigidos a 91 entidades, de 78 personas físicas y jurídicas.
