ESTEPONA (MÁLAGA), 9 Jul. (EUROPA PRESS) -
El PP de Estepona (Málaga) va a presentar candidatura a la Alcaldía en el pleno que se celebrará la próxima semana para elegir a la nueva Corporación municipal tras el ingreso en prisión del ex regidor Antonio Barrientos y la imputación de otros seis ediles en el marco de la operación 'Astapa', contra la corrupción urbanística en el municipio .
El presidente provincial del partido, Joaquín Ramírez, indicó hoy en rueda de prensa que "el PSOE ha traído la corrupción a Estepona y el PP se propone como solución para limpiarla".
Ramírez insistió en la necesidad de convocar elecciones y aseguró que el PSOE "no puede seguir gobernando porque está bajo sospecha y porque su continuidad supondría prorrogar el caso 'Astapa' durante todo el mandato".
En cuanto al hecho de que los concejales del Partido Estepona (PES) José Ignacio Crespo y Manuel Reina no vayan a entregar sus actas a pesar de estar en prisión, el presidente provincial de los populares tachó esta actitud de "estafa a los esteponeros". Según dijo, "Estepona no se merece que sus representantes estén en prisión y si lo están, que dejen de ser representantes del pueblo".
Los que tampoco entregaron sus actas fueron los cuatro concejales expulsados del PSOE que se encuentran en libertad bajo fianza en el marco de la operación 'Astapa'. Ramírez dijo temer que éstos vayan a apoyar al candidato que presenten los socialistas a la Alcaldía "a cambio de un acuerdo que podría pasar, supongo, por mantener en el Ayuntamiento a sus cargos de confianza", señaló.
TÉCNICOS SUSPENDIDOS.
Además de Barrientos, Crespo y Reina, permanecen en prisión el que fuera jefe del gabinete de Alcaldía, José Flores, y el técnico Javier Wittmeur. En sus casos el concejal de Personal, David Valadez (PSOE), dio las instrucciones oportunas para proceder a la suspensión de sus contratos, si bien esto no supondrá su despido.
Según explicó Valadez, que sustituye a Francisco Zamorano al frente de la Delegación de Personal, la suspensión se ampara en el artículo 45 1.G del Estatuto de los Trabajadores, que contempla que "el contrato de trabajo podrá suspenderse por la privación de libertad del trabajador mientras no exista sentencia condenatoria".
Además, según el citado edil, el convenio colectivo del Ayuntamiento estipula en su artículo 32.1 "la suspensión del contrato de trabajo por privación de libertad del trabajador por resolución judicial o gubernativa".
A José Flores se le imputan los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación y blanqueo, mientras que a Wittmeur, los de falsedad en documento público, fraude y malversación de caudales públicos.
