MÁLAGA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -
La sobrina del Premio Nóbel Vicente Aleixandre, Amaya Aleixandre, ha solicitado a la Diputación Provincial de Málaga, mediante un escrito dirigido al presidente de la institución supramunicipal, Salvador Pendón, que paralicen cualquier actuación relativa a su legado --El Archivo de Vicente Aleixandre-- hasta que se conozca la legitimidad del título.
En el escrito, al que tuvo acceso Europa Press, se destaca que no existe "ningún permiso o autorización de los legítimos herederos que ampare ninguna posible transmisión de cualquiera de los bienes de Aleixandre, ya fueran estos materiales o intelectuales".
Amaya Aleixandre, junto con los tres hermanos coherederos y previa consulta con sus asesores legales, requirieron mediante un escrito para "que se abstengan de adoptar cualquier acuerdo que directa o indirectamente afecte a la transmisión de bienes relictos de Vicente Aleixandre".
Además, en la carta se solicita que "nos remitan copia simple del Inventario de los bienes que con alusión a la titularidad sobre ellos de D. Vicente Aleixandre les hayan sido ofrecidos por cualquier persona física o jurídica, con expresión suficiente de la identificación de la parte ofertante, así como copia simple de cuanta documentación acreditativa de cualquier negocio jurídico comprometido y/o perfeccionado sobre los bienes citados obre en su poder".
Amaya Aleixandre niega la supuesta relación personal especial o vínculo determinante de mayor trascendencia de su tío con la Comunidad Autónoma de Andalucía. Además, como coheredera del Nóbel, mostró su indignación sobre la posible tratación de bienes con dinero público sin respetar el cumplimiento de los requisititos previos de publicidad y contradicción sobre los mismos, "metodología que resulta evidentemente antijurídica".
"Constituye un despropósito, dicho sea con el debido respeto, que se pueda estar ofertando en el mercado --ni siquiera bajo la cobertura de un presunto interés público o cultural-- la compraventa de objetos tan entrañables del causante y por ende privilegio exclusivo de sus familiares herederos, como precisamente son aquellos bienes que se encuentran protegidos por el mayor rigor legal para obtener la salvaguarda de la protección del honor, de la intimidad y del derecho a la propia imagen de todo ciudadano", muestra la carta.
En este sentido, en el escrito se muestra "el más radical rechazo a que alguien pueda estar irrogándose derecho alguno --y además pretenda enriquecimiento por venta-- sobre una mascarilla mortuoria, alegando para ello, nada menos, que le fue donada por el fallecido".
OPINIÓN DEL PP.
Por otra parte el portavoz del PP en la Diputación y presidente de los populares de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, lamentó hoy el "empecinamiento" del presidente de la institución supramunicipal por "obstinarse" en comprar el Archivo de Vicente Aleixandre, a pesar de la existencia de "graves problemas en torno a la adquisición de los mismos y al hecho de que, a día de hoy, todavía no está clara la propiedad del legado".
"La actitud del presidente de la Diputación no tiene ningún fundamento ni razón de ser. Pendón insiste en seguir para adelante con la compra a pesar de la grave inseguridad jurídica con la que se está llevando a cabo la adquisición. Existen informes jurídicos y técnicos que ponen reparos a esta compra y además, ahora ya sabemos que el testamento deja como heredera universal de los bienes de Vicente Aleixandre a su hermana. Unos bienes que por línea sucesoria y, según el testamento, pasan directamente a manos de sus sobrinos", reiteró Salado.
Además de recordar que la compra del Archivo supondrá un desembolso de cinco millones de euros a partes iguales entre la Junta y la Diputación, el portavoz de los populares en la Diputación denunció hoy la existencia de un nuevo reparo e irregularidad en relación con esta adquisición.
"La compra del Archivo carece de la valoración pericial de los bienes que exige el Estatuto de la Función Pública, y que debe efectuarse de manera previa a la compra por parte de un técnico especialista en la materia", añadió.
Asimismo, Salado apuntó que la compra del Archivo carece del informe pericial preceptivo. "La valoración de los bienes ha sido realizada por Julio Neira, un cargo de confianza de la Diputación que, según la legalidad, no es competente para efectuar este tipo de informes periciales", adjuntó.
"Por si todo fuera poco, también sabemos que la Junta de Andalucía todavía no ha concluido sus informes al respecto de esta compra y que ni siquiera existe actualmente consignación presupuestaria al respecto. Habría que esperar, por la tanto, al ejercicio 2008 para contar con los 2,5 millones de euros que a la Junta le corresponde pagar", reiteró Salado.
Finalmente, Salado criticó que "la Diputación, en cambio, insiste en actuar con precipitación y prisas, a pesar del elevado desembolso económico que tiene que hacer. Y no debemos olvidar que se trata de dinero público de todos los malagueños y de todos los andaluces. Desde el PP entendemos que es la Consejería de Cultura la que debe afrontar el pago completo de esta adquisición, puesto que la Diputación tiene otros objetivos prioritarios como son la atención a los municipios más pequeños".
