MARBELLA (MÁLAGA), 9 Oct. (EUROPA PRESS) -
El portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Marbella (Málaga), Félix Romero, anunció hoy que el consistorio iniciará los trámites para ejecutar la sentencia que obliga al ex edil del PA Carlos Fernández y al que fuera empleado de la Concejalía de Deportes, Antonio de Sola a "indemnizar por vía de responsabilidad civil, conjunta y solidariamente al consistorio por 82.639,16 euros".
El Tribunal Supremo confirmó el pasado mes de julio la sentencia que les condenaba por un delito de malversación de caudales públicos al apropiarse de parte de las subvenciones del Consistorio marbellí destinadas al pago de los jugadores de la Unión Deportiva San Pedro en la temporada 1997-1998, cuando Fernández era concejal de Deportes con Jesús Gil y presidente del club.
En este sentido, el Ayuntamiento marbellí solicitará, mediante vía judicial, la materialización de la sentencia, según precisó Romero, quien recordó que este asunto se originó a raíz de la querella que la administración local presentó contra los acusados "al objeto de sustanciar si se habían beneficiado ilícitamente con cargo a las partidas que se habían destinado al pago de las nóminas de los jugadores".
Por último, el portavoz aseguró que "se solicitará la búsqueda de bienes a los juzgados para proceder al embargo si así fuera necesario" e igualmente se utilizarán los recursos de los que dispone el Ayuntamiento con la intención de recuperar "para la ciudad de Marbella lo que nunca tuvo que salir de su patrimonio", añadió.
El Supremo consideró que no había lugar al recurso presentado por la defensa del ex edil, que se encuentra en busca y captura por el caso 'Malaya', que interpuso contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que ratificó la resolución dictada con anterioridad por la Audiencia Provincial de Málaga, dentro del procedimiento del Tribunal del Jurado, la cual propició la dimisión del edil.
La sentencia del TSJA estimó que hubo "una sustracción o desvío patrimonial de fondos públicos por autoridad o funcionario que, por razones de su cargo o funciones, detentaban directa y efectivamente tales caudales". Para este tribunal, era "evidente que las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento no se fijaban en abstracto, sino para gastos concretos", de forma que el entonces edil "presentaba una relación de gastos previstos para el mes siguiente y a la vista de esa relación se fijaba el importe de las subvenciones correspondientes".
Previamente, la Audiencia de Málaga consideró probado que Fernández y el empleado municipal Antonio de Sola, "de común acuerdo y con la finalidad de apoderarse de parte de las subvenciones entregadas por el Ayuntamiento marbellí al club", hicieron firmar, "so pena de no ser contratados", a ocho jugadores contratos en los que se hacían constar cantidades superiores a las que realmente recibirían, así como recibos por cantidades no satisfechas, "quedándose con la diferencia".
