MÁLAGA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -
Las acusaciones populares personadas en el caso Incopromar, en representación de Isabel García Marcos, IU y Los Verdes, retiraron hoy los cargos contra el ex asesor de Urbanismo de Marbella (Málaga) Juan Antonio Roca de inductor en la concesión de una licencia de obra para construir un edificio de 10 plantas sobre suelo de uso público; por lo que será absuelto.
Aunque el Juzgado de lo Penal número 8 de la capital deberá aún dictar sentencia por esta causa, la resolución "no podrá ser sino absolutoria" en lo que respecta a Roca, según anunció en la última sesión del juicio la titular del órgano judicial encargado de enjuiciar el caso, en el que siguen acusados el ex alcalde marbellí Julián Muñoz, el abogado José Luis Sierra y cinco ex concejales por delito urbanístico.
Así, el fiscal, que nunca acusó a Roca ni a Sierra, mantuvo sus conclusiones en cuanto a pena, solicitando 18 meses de cárcel y ocho años de inhabilitación por un delito contra la ordenación del territorio, misma acusación que hace IU y Los Verdes, aunque extensiva a Sierra como cooperador necesario y en el caso de la formación ecologista, pidiendo la pena en su grado máximo.
Por su parte, la acusación popular que representa a la ex concejal Isabel García Marcos, procesada en el caso 'Malaya', modificó sus conclusiones iniciales, acusando de un delito de prevaricación genérica, por el que pide para los concejales, como autores, y para Sierra, como cooperador necesario, una pena de tres años y medio de inhabilitación.
Muñoz habló en su derecho a la última palabra de su situación médica y de su permanencia en prisión, quejándose no del trato allí recibido sino de que no se le concedan beneficios penitenciarios, según indicaron fuentes personadas en el caso. Asimismo, tuvo que ser atendido esta tarde por un forense del Palacio de Justicia al encontrarse mal.
INFORMES.
En su informe final, el fiscal Juan Carlos López Caballero indicó que existe "una decisión voluntaria" de los ex ediles acusados "de dar la licencia con los condicionantes del convenio previo y sobre una norma ineficaz", como es para él la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), conocida como plan del 98. Dijo que se adecuó una parcela "al interés y necesidades de un promotor".
Aseguró que otorgando permisos de obra según los convenios firmados con particulares "se produce la alteración de todo el esquema normativo de la Ley del Suelo" y, por tanto, una "infracción palmaria" de la normativa urbanística "integrada en esa época" por el decreto por el que se aprueba el texto refundido de dicha ley.
En el caso concreto de esta licencia, aseguró que no existe listado o cuadernillo pero consideró que su existencia "no sustituye la responsabilidad de los acusados, fueran inducidos o no". "Es el comportamiento propio de quien decide el que determina la responsabilidad", apuntó el fiscal, quien añadió que "otra cosa es el que instigue o induzca".
Para el fiscal, se produce una prevaricación especial agravada y se inclina por la pena de prisión y no por la de multa "por el pulso echado manifiestamente y alargado en el tiempo en este municipio", aprobando licencias que "no sólo no se adecuan al planeamiento vigente, sino que se conceden según una norma inexistente", sobre la que en ese momento aún ni se había pronunciado la Junta de Andalucía.
Por su parte, el letrado que representa a García Marcos, José Carlos Aguilera, pidió la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas, como algunas de las defensas, al precisar que han pasado más de 10 años y "eso es demasiado tiempo para todos". Acusó a Sierra por ser "ideólogo jurídico de Gil" y al considerar que no se hubieran dado licencias según la revisión "sino estuviera en el informe de Sierra".
No obstante, defendió la condena por un delito de prevaricación genérica, puesto que, dijo, para los tribunales contenciosos el plan del 86 no estaba en vigor. "Si no hay planeamiento vigente, no se puede cometer un delito urbanístico", explicó Aguilera, quien dijo que "eso no quita para que no se haya tomado una resolución arbitraria", al tiempo que estimó que los entonces ediles "eran meros figurantes" pero no estaban ajenos a las decisiones de llevar esta política.
El letrado de IU afirmó que "el convencimiento moral no tiene cabida en el derecho", por lo que retiró la acusación contra Roca, al asegurar que "no estamos haciendo política". Coincidió con el fiscal en que se trata de un delito urbanístico puesto que la norma era "adaptar el plan a la licencia y no al revés".
Tanto esta parte como la de Los Verdes sostienen también la participación de Sierra, en cuyo informe "se amparaban los ediles". La abogada de esa formación ecologista, Inmaculada Gálvez, se mostró en contra de la falta de vigencia del plan del 86 y sobre todo rechazó el planteamiento de la acusación que representa a García Marcos.
En cuanto a las defensas, la abogada de Julián Muñoz dijo que "necesitamos determinar cuál es la normativa vigente porque se nos está acusando de infringirla", momento en el que aceptó que ésta fuera la Ley del Suelo, como dijo el fiscal. Al basarse en otros artículos, concluyó que la licencia "cumple perfectamente" dicha normativa.
El letrado Ernesto Osuna lamentó que "se siga acusando en bloque" y que "se esté juzgando qué ocurrió en Marbella en su conjunto, no en 1997, sino desde 1991". "No se juzgan a personas en concreto, ni hechos en concreto ni licencias concretas", criticó el abogado, quien puso en duda la participación de su cliente, Manuel Calle, en la comisión en la que se aprobó la licencia.
