15 de noviembre de 2019
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  • 14 de enero de 2009

    Málaga.- Tribunales.- AMPL.- El fiscal pide que se enjuicie a Martín Serón y a otras 24 personas más por el caso 'Troya'

    MÁLAGA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

    La Fiscalía de Málaga ha solicitado que se enjuicie a 25 personas por el caso de presunta corrupción urbanística, destapado hace casi dos años en el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande (Málaga), denominado 'Troya', entre las que se encuentra el alcalde de dicho municipio, Juan Martín Serón (PP), para el que pide que se le impute por los delitos de blanqueo de capitales, cohecho y prevaricación urbanística.

    Según el escrito del fiscal pidiendo formalmente que se acuerde la inculpación de 25 personas, "en el Ayuntamiento funcionaba una trama al frente de la cual estaban sus máximas autoridades, cuyo objeto no era otro que obtener un enriquecimiento personal ilícito". Tras este escrito, presentado ya en el Juzgado de Instrucción número 2 de Coín, el juez dictará un auto de procedimiento abreviado y, posteriormente, otro de apertura de juicio oral.

    La acusación pública explica en su informe, al que tuvo acceso Europa Press, que "se ofrecía a los empresarios y promotores inmobiliarios la posibilidad de obtener una mayor edificabilidad respecto de la legalmente prevista en la norma de planeamiento municipal a cambio de la oportuna retribución económica". Estos pagos estarían acreditados de forma indiciaria por anotaciones manuscritas y por archivos informáticos intervenidos en la operación policial.

    En este sentido, el documento del fiscal añade que, de acuerdo con estas anotaciones y archivos, incluso estaba tasada la presunta irregularidad, de forma que "estaba tasado el precio a pagar por el incremento en los metros de edificabilidad y del número de viviendas respecto de lo legalmente establecido para esos parámetros". De este modo, el metro cuadrado de techo de más se cifraba en 80 euros, mientras que la vivienda extra valía 6.000 euros.

    Para el ministerio público, esta presunta trama "estaba dirigida" por el alcalde y por el concejal de Urbanismo, José Gregorio Guerra, que era quien "controlaba, contabilizándolos adecuadamente, tanto los pagos efectuados como los que se deberían efectuar por los promotores y empresarios a cambio de las licencias de obras ilegales". Se pide que se inculpe al edil por los delitos de prevaricación urbanística y cohecho.

    Además, figuran dos cargos municipales, asesores jurídicos que, presuntamente, informaron en determinadas licencias irregulares; y una veintena de empresarios, para los que se pide que mantengan la imputación por los presuntos delitos de cohecho y prevaricación urbanística, pues habrían realizado pagos, de diferente cuantía, según los casos, y obtenían, así, "importante lucro".

    Asimismo, se sostiene que tanto Martín Serón, al que se le intervinieron 64.780 euros en efectivo en su domicilio, como su esposa realizaron "actos dirigidos a ocultar las ilícitas ganancias obtenidas por el primero, producto de la actividad delictiva desplegada desde su cargo oficial en el Ayuntamiento", por lo que se insta a que a ambos se les impute por un delito de blanqueo.

    En este punto, se argumenta que Martín Serón hizo "numerosos ingresos en efectivo en sus cuentas bancarias sin que se conozca el origen de ese dinero". Además, en 2006 hay ingresos de 30.000 euros en las cuentas de la mujer en sólo seis operaciones y el matrimonio compró fincas urbanas por un importe de 16.000 euros "sin recurrir a financiación externa ni constar que se sufragaran con ingresos existentes en sus cuentas bancarias".

    Además, se pide que se impute por este delito a un empresario que habría usado la entidad de la que es administradora para "ocultar los sobornos efectuados por los empresarios a los miembros de la Corporación", existiendo, según informe policial reproducido en parte en el escrito, una relación "muy fluida" entre el Consistorio y esa empresa, que experimentó un incremento notable en la contratación con el Ayuntamiento el año que Martín Serón obtuvo la mayoría absoluta.

    El Juzgado instructor decretó el pasado mes de octubre el archivo provisional de las imputaciones que existían contra el arquitecto municipal de la localidad malagueña de Alhaurín el Grande dentro del caso 'Troya', "no existiendo indicios racionales de criminalidad en el cumplimiento de sus obligaciones que pudiesen derivar en los hechos ilícitos" que se investigan en la causa.

    Asimismo, se indicaba en un auto que su trabajo obedeció "a criterios técnicos independientes de la asesoría jurídica" y sin relación con la misma. Previamente, el fiscal había informado a favor de la petición de archivo de la defensa, al entender que no ha quedado acreditada su intervención en los hechos.