MÁLAGA, 19 May. (EUROPA PRESS) -
La prueba testifical en el denominado caso FARA (Federación Andaluza de Asociaciones Romaníes), que se sigue en la Audiencia Provincial de Málaga contra 15 personas, a las que se les acusa de la presunta apropiación de 1,2 millones de euros de subvenciones oficiales, continuará esta semana y está prevista la comparecencia hoy lunes, entre otros, del ex consejero de Asuntos Sociales Isaías Pérez Saldaña, supuestamente amenazado por procesados en esta causa.
Así, para hoy se ha citado, además de a Pérez Saldaña, según dijeron a Europa Press las fuentes, al entonces responsable de la Secretaría de la Comunidad Gitana, quien, según expone el fiscal en calificación inicial, fue presuntamente amenazado y presionado tanto por el principal acusado, Vicente R.A., conocido como 'El Querillo', presidente del colectivo desde 1998, como por el también procesado José M., para que presentara su dimisión.
Según las conclusiones provisionales de la acusación pública, el presidente de FARA solicitó a Pérez Saldaña el cese de dicho funcionario, al tiempo que "se le presionaba fuertemente con el anuncio de manifestaciones de la etnia gitana ante el Congreso y el Parlamento de Andalucía". Relata el fiscal que en febrero de 1999, el ex consejero fue objeto de un robo en su domicilio y recibía llamadas anónimas que le decían que "tuviera cuidado".
Asimismo, declararán varios policías locales y cinco personas más, algunas por videoconferencia; mientras que el día 20 lo harán otros 17 testigos. El juicio comenzó el 5 de mayo con las declaraciones de los acusados, aunque la mayoría de ellos, incluyendo a los principales, se negaron a contestar. La Fiscalía solicita 88 años de prisión en total para todos por los delitos de apropiación indebida, falsedad en documento, amenazas, coacciones y blanqueo de capitales.
El fiscal mantenía en sus conclusiones que Vicente R.A. llegó "de forma violenta y antidemocrática" a la presidencia del colectivo. La junta directiva estaba formada, además, por Ramón V.C. como tesorero; Andrés A.M., como interventor de cuentas, y Salvador P.A., como secretario. El presidente contrató al acusado Valeriano G.G. para llevar la contabilidad y justificar las subvenciones.
Asimismo, entendía que José María A.N., María del Carmen Ll.R. y Carlos S.G. preparaban la documentación para dichas ayudas y estima que estos acusados, ejecutando "un plan preconcebido y con ánimo de ilícito beneficio", comenzaron a desviar cantidades "importantes" de las subvenciones recibidas "para darles un uso particular y obtener beneficios, que, en ningún caso, revertían en ayudas al pueblo gitano".
En este sentido, los responsables de la FARA no justificaron más de 208,1 millones de las antiguas pesetas --1,2 millones de euros--; mientras que acreditaron con justificantes no válidos 49.515 euros, según la calificación inicial; todo procedente de las ayudas otorgadas por el Ministerio de Asuntos Sociales, las consejerías de Asuntos Sociales y Empleo, la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz, las diputaciones de Málaga y Almería, el Instituto Nacional de Empleo (INEM) y el Ayuntamiento de Antequera (Málaga).
Para desviar estos fondos, utilizaban, presuntamente, contratación ficticia de trabajadores y traspasos de dinero entre las cuentas de la Federación y de Vicente R.A. y su familia para dificultar el seguimiento del dinero. De esta forma, la mujer, Josefa P.G., sus hijos, Justo R.P. y María del Carmen R.P., y su compañera sentimental, María Victoria L.R. actuaban como presuntos testaferros, ocultando el origen ilícito del dinero y adquiriendo bienes.
