MÁLAGA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) está tomando declaración a varias personas en relación a la segunda acusa abierta contra el ex titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella (Málaga) Francisco Javier de Urquía, apartado de su cargo una vez que fue imputado en un procedimiento vinculado al caso 'Malaya', cuyo juicio se celebrará este mes.
Según confirmaron a Europa Press fuentes judiciales, desde ayer se está tomando declaración tanto a imputados en las diligencias previas como a testigos, y se trata de tres días de comparecencias incluidas dentro de la instrucción normal de la causa que se sigue en el Alto Tribunal andaluz. Así, está previsto que también se produzcan mañana más declaraciones en este sentido.
En enero de este año, el TSJA se declaró competente para instruir esta causa contra De Urquía por los delitos de prevaricación y cohecho, una vez le fue remitida y analizó una exposición razonada por parte del Juzgado de Instrucción número 11 de Málaga respecto de unas diligencias, en las que dicho juzgado venía investigando al empresario I.M.L., quien presuntamente habría realizado una oferta sobre el levantamiento de intervenciones judiciales a empresas.
Así, el instructor de Málaga indicaba uno de los autos de la causa que el ex juez de Marbella y un amigo suyo Arnaud F. --que se enfrentará a juicio este mes en el TSJA igual que De Urquía por el caso 'Malaya'-- "podrían igualmente estar participando del presunto plan ilícito para obtener dinero" a cambio de levantar las medidas cautelares o embargos que pesaban sobre empresas intervenidas dentro del caso 'Hidalgo', contra el blanqueo, cuya instrucción llevó el propio De Urquía.
Según ese documento, dictado en diciembre del pasado año dentro de las diligencias abiertas en Málaga, la propuesta realizada por I.M.L. a un testigo protegido consistiría supuestamente "en garantizarle el levantamiento de intervenciones judiciales" acordadas contra empresas, así como el desbloqueo de cuentas, puesto que tenía pendiente llevar a cabo una operación de venta de un hotel, intervenido en el caso 'Hidalgo'.
Este levantamiento se realizaría presuntamente "a cambio de una contraprestación económica", que, inicialmente, fue de 5,6 millones de euros, aunque se habría llegado a pedir supuestamente ocho millones de euros, aumento que se justificó en el hecho de que el levantamiento de las medidas se realizaría antes de tiempo porque "el magistrado-juez De Urquía --entonces ya suspendido de su cargo por el caso 'Malaya'-- iba a ser restituido a su puesto de trabajo en el juzgado".
