MÁLAGA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -
El defensa del inspector de la Udyco-Costa del Sol destacado en la Comisaría de Marbella (Málaga), Carlos F., detenido hace unas semanas por presuntas irregularidades en el ejercicio de su profesión, ha decidido recurrir la decisión del juez de apoyo del Juzgado de Instrucción número 5 marbellí, Julián Cabrero, de ordenar su ingreso en prisión.
Según confirmaron a Europa Press fuentes de la defensa, se ha presentado un recurso de reforma y subsidiario de apelación contra el auto del instructor, en el que decretó prisión provisional sin fianza para este inspector, al que se le imputan los delitos de malversación de caudales públicos, omisión del deber de perseguir delitos, contra los derechos fundamentales, falsedad en documento público y cohecho.
Así, indicaron que en el escrito "se combaten" los argumentos dados por el juez para decretar su ingreso en la cárcel, que fueron el riesgo de sustraerse de la acción de la justicia y la posible intervención en la investigación que aún está en marcha, por el puesto que tiene en la Udyco de Marbella.
El instructor decretó prisión sin fianza para éste y para el inspector jefe de la Sección de Crimen Organizado de la Udyco-Costa del Sol, Alfredo M., mientras que dejó en libertad con cargos pero sin fianza a los inspectores Isaac P., destinado en Fuengirola, y Eusebio V., en la capital, detenidos todos por agentes de la Unidad de Asuntos Internos desplazados desde Madrid.
A Carlos F. se le imputa delitos de malversación por "favorecer" supuestamente la entrega a Alfredo M. durante 45 días de una tele incautada en un registro; y por quedarse presuntamente con 1.000 euros que tenía una riñonera intervenida en otra diligencia judicial de entrada a un supuesto narcotraficante. En el auto se dice que "existen sospechas fundadas, aunque el imputado lo niega rotundamente, de que la riñonera hallada (vacía) durante el registro en su despacho oficial fuera la intervenida".
Asimismo, se halló un maletín de marca, al parecer falso, en el trastero de su vivienda "que procedía" de otro registro en Coín. En relación a esto y en lo que respecta al delito de falsedad, la resolución ahora recurrida, a la que tuvo acceso Europa Press, señala que este objeto "no se hizo constar en las diligencias". El juez estima que "las inexactitudes detectadas en el atestado no han sido involuntarias".
También habla de indicios "objetivos y subjetivos" de cohecho "por recepción de pagos" por parte de dos personas; de omisión del deber de perseguir delitos "por conocer la requisitoria en vigor" contra un hombre y "proceder a su puesta en libertad" en agosto de 2005; y del delito contra los derechos fundamentales "por irregularidades detectadas" en registros en la operación 'Arenal', "dado el largo tiempo que medió entre el asalto y la llegada de la comisión judicial a las viviendas registradas".
