MÁLAGA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -
Tres ex ediles del GIL en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga) de la Corporación 1999-2003, imputados por delitos urbanísticos, firmaron hoy los escritos de conformidad en cinco causas en virtud al pacto alcanzado con la Fiscalía para los casos por licencias urbanísticas, según informaron fuentes judiciales.
Así, los ex concejales Tomás Reñones, José Luis Troyano y Alberto García Muñoz suscribieron esta mañana la conformidad en cinco causas que estaban pendientes para su enjuiciamiento en los juzgados de lo Penal de la capital malagueña.
Queda pendiente sólo, según indicaron las fuentes, que otro ex edil, en concreto José Luis Fernández Garrosa, firme la conformidad por estas causas, puesto que el ex concejal Javier Lendínez, que también se mostró inicialmente a favor del pacto, tiene una orden de busca y captura al encontrarse en ignorado paradero.
Reñones, García y Troyano ingresaron a finales de noviembre del pasado año de forma voluntaria en la prisión malagueña de Alhaurín de la Torre para cumplir una pena de nueve meses de prisión por un delito urbanístico y se encuentran, actualmente, cumpliendo la condena en tercer grado penitenciario. Ocurre igual con Fernández Garrosa.
Las fuentes precisaron que ese grado penitenciario no tiene nada que ver con el acuerdo marco alcanzado con la Fiscalía, que contempla el ingreso en prisión, sin posibilidad de suspender ni sustituir la condena, así como penas de inhabilitación. Además, recordaron que los ex ediles tienen que reconocer los hechos y admitir su ingreso en la cárcel en todos los casos.
Para el caso concreto de los ex concejales de la Corporación 1999-2003, el pacto prevé una pena de nueve meses de prisión por cada causa, cumpliendo un máximo de 27 meses de cárcel, ya que el Código Penal establece el cumplimiento del triple de la pena máxima impuesta en los casos de delitos conexos.
Este acuerdo ya se cerró para los ex concejales de la legislatura 1995-1999 como son Julián Muñoz, Rafael González, Manuel Calle, Mario Jiménez, Dolores Zurdo y Marisa Alcalá. Éstos aceptaron una pena de un año de prisión, sin posibilidad de sustitución por multa, y 10 de inhabilitación, por cada causa, con un máximo de tres años de prisión por la conexidad.
Las conversaciones con la Fiscalía se iniciaron, a instancia de los abogados, con el fin de agilizar la tramitación de los numerosos procedimientos pendientes en los juzgados sólo en lo que respecta a las licencias urbanísticas presuntamente irregulares concedidas en dicha localidad malagueña.
