MALAGA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -
El ex edil del PA en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga) Carlos Fernández anunció hoy su intención de recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia del Alto Tribunal Andaluz (TSJA), en la que se confirma la condena impuesta por la Audiencia de Málaga de dos años de prisión y tres de inhabilitación por un delito de malversación de caudales públicos, tras el veredicto de culpabilidad del jurado. Dijo que "no ha venido en el mejor momento" dicha sentencia, por la situación que se vive en Marbella.
Fernández adelantó que en el recurso de casación que se presentará se argumentará "lo que el Tribunal de Cuentas dice en su informe, al que no hemos podido tener acceso hasta ahora", como es que "la Delegación de Deportes ha sido perfectamente auditada y no se ha encontrado ningún tipo de agujero económico", dinero que se le reclama a los dos condenados.
Mostró "el más profundo respeto a cualquier tipo de resolución judicial, aunque no sea de nuestro agrado" y reiteró en declaraciones a Europa Press que "desde el primer momento este procedimiento ha estado adulterado por una persecución política, en principio de Jesús Gil y de Tomás Reñones, y, posteriormente, de Marisol Yagüe e Isabel García Marcos".
En este sentido, consideró que "la presión ejercida sobre alguno de los testigos fue determinante, ya que en aquellos momentos eran contratados del Ayuntamiento" y apuntó que "esas presiones dieron como resultado una condena, que de todas formas fue rebajada por el magistrado", respecto a lo que pedían las acusaciones.
Asimismo, indicó que esta ratificación de la sentencia por parte del TSJA "entendemos que, ante la situación que se está viviendo en Marbella, a lo mejor no ha venido en el mejor momento dicho recurso" y precisó que "el Ayuntamiento marbellí ha seguido ejerciendo la acusación con elementos intoxicados".
El TSJA confirmó la sentencia dictada por el magistrado-presidente del Tribunal del Jurado que condenó a Fernández por apropiarse de parte de las subvenciones del consistorio destinadas al pago de los jugadores de la Unión Deportiva San Pedro en la temporada 1997-1998, cuando éste era concejal de Deportes con Jesús Gil y presidente del club. De esta forma, se desestiman los recursos presentados tanto por el abogado del andalucista como por el del empleado municipal Antonio de Sola --también condenado-- a los que se opusieron tanto el fiscal como la acusación particular, en representación del Ayuntamiento, presidido por la alcaldesa Marisol Yagüe cuando se impugnaron los recursos.
En la sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, se insiste en que los fondos desviados "mantenían su condición de caudales públicos" y se extrae, del análisis de los hechos en su conjunto, que "ha existido una sustracción o desvío patrimonial de fondos públicos por autoridad o funcionario que, por razones de su cargo o funciones, detentaban directa y efectivamente tales caudales", lo que constituye el delito de malversación y no un fraude de subvenciones, como dicen los apelantes, por lo que se rechaza el argumento de infracción del precepto legal. El magistrado dice que "las propias argumentaciones de los recurrentes desvelan la inconsistencia del motivo planteado".
Para el TSJA, "resulta evidente que las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento no se fijaban en abstracto sino para gastos concretos", de forma que el entonces edil "presentaba una relación de gastos previstos para el mes siguiente y a la vista de esa relación se fijaba el importe de las subvenciones correspondientes". "No puede ponerse en tela de juicio que los condenados en la instancia se apropiaron de ellas, en tanto que con las restantes pagaron, dentro del Club a varios jugadores sumas muy inferiores a las que había de percibir", apostilla la sentencia.
La Audiencia de Málaga consideró probado que Fernández y De Sola "de común acuerdo y con la finalidad de apoderarse de parte de las subvenciones entregadas por el Ayuntamiento marbellí al club", hicieron firmar, "so pena de no ser contratados", a ocho jugadores, contratos en los que se hacían constar cantidades superiores a las que realmente recibirían, así como recibos por cantidades no satisfechas, "quedándose con la diferencia".
