MÁLAGA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de lo Penal número 6 de Málaga tiene previsto juzgar hoy al ex alcalde de Marbella (Málaga) Julián Muñoz y otros ex ediles del GIL por la concesión en 1999 y 2000 de licencias para la construcción de un conjunto de viviendas en la urbanización Carolina Sur, de dicha localidad.
La Fiscalía malagueña acusa a los entonces ediles Julián Muñoz, Rafael González y Marisa Alcalá de un delito continuado contra la ordenación del territorio; mientras que a Manuel Calle, Dolores Zurdo, José Luis Troyano, José Luis Fernández Garrosa, Tomás Reñones, Javier Lendínez y Juan Antonio Yagüe --en paradero desconocido-- les acusa del mismo delito, pero no con carácter continuado.
Según el escrito de conclusiones provisionales, al que tuvo acceso Europa Press, Muñoz, González, Calle, Alcalá, Zurdo y el hermano de Marisol Yagüe decidieron en la comisión de gobierno de 28 de mayo de 1999, de la que formaban parte, otorgar licencia al proyecto básico de edificación presentado por la empresa Proinsa para construir la promoción conocida como Residencial Las Cañas.
Este permiso se concedió, "pese a que el suelo donde se autorizaba tenía una catalogación urbanística, en la norma de planeamiento aplicable a dicha localidad, incompatible con tal uso, al estar clasificado en parte como zona verde deportiva". Para el ministerio público, este extremo era "conocido por los acusados".
Posteriormente, el 18 de febrero de 2000, Muñoz, González y Alcalá, junto con los ex ediles integrantes ese día de la comisión de gobierno, como fueron Troyano, Fernández Garrosa, Reñones y Lendínez, concedieron licencia de obras al proyecto básico reformado y al de ejecución de dicha promoción "conociendo que la licencia contravenía las determinaciones de la norma urbanística aplicable".
Añade el fiscal que las licencias fueron concedidas "siguiendo las determinaciones" del entonces alcalde, Jesús Gil, quien estableció que estos permisos se otorgaran "sobre la base del documento de revisión del plan de ordenación urbana de Marbella que había elaborado su equipo de gobierno" y que no fue aprobado definitivamente.
Por estos hechos, la acusación pública solicita inicialmente para Muñoz, González y Alcalá la pena de dos años de prisión y 10 de inhabilitación especial para cargo de concejal; mientras que para el resto pide 18 meses de cárcel y ocho años de inhabilitación.
