23 de septiembre de 2019
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  • 22 de septiembre de 2008

    Málaga.- Tribunales.- Juzgan hoy a Muñoz y 10 ex ediles de Marbella por licencias para tres fases de una promoción

    MÁLAGA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

    El Juzgado de lo Penal número 7 de Málaga tiene previsto juzgar desde hoy lunes día 22 al ex alcalde de Marbella (Málaga) Julián Muñoz y a otros 10 ex concejales de dicha localidad por la concesión de varias licencias para la construcción de tres fases de una promoción por parte de la empresa Algabamar II.

    A parte de Muñoz, el fiscal acusa en su escrito de conclusiones provisionales, al que tuvo acceso Europa Press, a ex ediles de dos corporaciones, como son Rafael González, Mario Jiménez, Manuel Calle, Marisa Alcalá, Dolores Zurdo, Alberto García, Francisco Javier Lendínez, Tomás Reñones, José Luis Troyano y José Luis Fernández Garrosa.

    Según el escrito inicial de la acusación pública, la comisión de gobierno, presidida por Muñoz como alcalde accidental e integrada por González, Jiménez, Calle, Alcalá y Zurdo aprobó el 6 de noviembre de 1998 la concesión de la licencia al proyecto básico de la primera fase de una promoción para edificar 100 viviendas en Nueva Andalucía. El 29 de enero del 99, los mismos aprobaron el proyecto de ejecución.

    Asimismo, según relata el fiscal, en comisión de 16 de julio de 1999, integrada por Muñoz, González, Alcalá, Troyano, Fernández Garrosa, Reñones, García y Lendínez acordó dar licencia al proyecto básico y al de ejecución de la segunda fase, que autorizaba 90 viviendas. El 15 de octubre de 1999, éstos otorgaron la licencia al proyecto básico y al de ejecución de una tercera fase, con 60 viviendas.

    El fiscal señala que las licencias se otorgaron "pese a que las mismas autorizaban a edificar en un suelo que de acuerdo con las normas urbanísticas vigentes aplicables, constituidas por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1968, vigente en aquel momento, estaba clasificado como suelo rústico y con la calificación de suelo rústico de control".

    Esta configuración, según precisa el escrito, con la adaptación a un real decreto, pasó a ser la de suelo no urbanizable y por tanto "incompatible con la autorización concedida", lo que conocían los acusados, "quienes decidieron autorizar dicha construcción sobre la base de su presunta adecuación a las determinaciones del documento de revisión del planeamiento", que no había sido aprobado y que finalmente fue rechazado.

    Para el ministerio público, los hechos constituyen cuatro delitos contra la ordenación del territorio, de los que acusa a Muñoz, González y Alcalá; mientras que acusa de dos al resto de los procesados, solicitando para cada uno la pena de dos años de prisión y 10 de inhabilitación.