MÁLAGA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga juzgará mañana al intendente mayor de la Policía Local Juan Antonio F.M. por el caso 'Agüera'. La Fiscalía solicita para éste tres años de cárcel y suspensión de empleo o cargo público por el mismo periodo, al considerarlo responsable de remitir en marzo de 2005 copias de un informe sobre la vida privada y pública de la ex edil del PP Rosa Agüera a los medios de comunicación.
El fiscal acusa al intendente, según el escrito provisional, al que tuvo acceso Europa Press, de un delito de revelación de secreto. Explica que el oficial de la Policía Local Rafael Rubio elaboró por duplicado un informe con datos de la vida privada cotidiana de la entonces concejala en relación con la posible sustitución del agente que realizaba los servicios de escolta, lo que se consideraba "conveniente y oportuno".
Rubio se quedó con un ejemplar y otro se lo dio al superintendente del Cuerpo, Pascual Sánchez-Bayton. Tras la incorporación del acusado a su puesto, el 23 de marzo, el oficial le entregó una fotocopia del documento, del que, según considera la acusación pública en sus conclusiones iniciales, el procesado "remitió copias a los medios de comunicación, que lo divulgaron".
Las diligencias judiciales se iniciaron una vez que la concejala presentó una denuncia para que se investigara un presunto delito de descubrimiento y revelación de secreto, y después de que la Fiscalía de Málaga remitiera al juzgado las investigaciones hechas de oficio en este tema, que incluían el expediente de información reservada realizado en el Ayuntamiento.
El Juzgado de Instrucción número 7 de Málaga tomó declaraciones a varios de los agentes, aunque decidió abrir juicio oral sólo contra el intendente mayor de la Policía Local Juan Antonio F.M. y archivar la causa contra Rubio. No obstante, Los letrados de la ex concejala formularon acusación contra Rafael Rubio, pero no fue admitida, al no abrirse juicio oral contra éste.
Así, la Audiencia rechazó los recursos planteados por la defensa del imputado, por los letrados de la ex edil y por el Grupo Socialista, contra dicha resolución del juzgado, al entender que "la única presunta imputación que provisionalmente se puede hacer es la efectuada por el juez".
Asimismo, la Sala se pronunció en contra de la solicitud de que se tomara declaración en calidad de imputados al superintendente del cuerpo policial, Pascual Sánchez-Bayton, y al que fuera director del Area de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga Carlos Rubio.
