El fiscal les acusa por engrosar precios de obras o realizar certificaciones dobles y falsas sobre labores de mantenimiento
MÁLAGA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia de Málaga tiene previsto celebrar mañana el juicio por el caso conocido como 'Parques y Jardines' sobre la presunta malversación al Ayuntamiento malagueño entre junio de 2000 y febrero de 2001 a través de certificaciones falsas o dobles de trabajos de mantenimiento y rehabilitación de zonas verdes y por engrosar el precio de estas obras. El fiscal acusa a un hombre y una mujer, entonces funcionarios de dicha área del Consistorio, y a dos contratistas de dos empresas, pidiendo en total 18 años y cuatro meses de prisión.
El juicio se celebrará en la Sección Octava. Según el escrito de fiscal, los entonces funcionarios, Manuel Carlos M.G. y Carmen M.L., que en esos momentos eran matrimonio, se concertaron para obtener beneficios con los contratistas Antonio A.R. y Luis S.P., que trabajaban en las sociedades a las que se les habían adjudicado los trabajos de conservación de estas zonas verdes, en concreto Sando Medio Ambiente S.A. y la Unión Temporal de Empresas (UTE) Urbaser S.A.-Thaler S.A.
Según las conclusiones provisionales de la acusación pública, a las que tuvo acceso Europa Press, los cuatro decidieron hacer certificaciones "inveraces" que eran autorizadas por los funcionarios y cobradas por los dos empleados de las empresas, a través de mecanismos, como incrementar el coste de los trabajos o dobles certificaciones de tareas que estaban incluidas en el tratamiento general, que abonaba el Ayuntamiento, "distribuyéndose entre todos el exceso económico obtenido".
El Grupo de Fraudes de la Policía comprobó que se certificaron y cobraron trabajo en jardines tipo B, que requieren un mayor coste, cuando en realidad se trataba de zonas de tipo A, y que, en algunas ocasiones, se incrementaron los metros sólo a efectos de cobro no en cuanto al área a mantener; además de que se hicieron certificaciones de tareas que no se llevaron a cabo o fueron deficientes. De esta forma, los investigadores localizaron varias obras en todos y cada uno de los 10 distritos de la capital.
Asimismo, los agentes determinaron que la empresa Urbaser solicitó y obtuvo dobles certificaciones de algunos trabajos, puesto que se hicieron algunas sobre tareas de conservación que ya se encontraban incluidas en otros apartados anteriores. De este modo, se hicieron 13 dobles certificaciones correspondientes a 15 calles, zonas o barriadas de Málaga, como La Roca, Campanillas, 25 Años de Paz o Churriana, aunque no se ha detectado que la otra sociedad recibiera dinero por este método.
Además, según el fiscal, se detectaron nueve certificaciones dobles de Urbaser y cinco de Sando relativas a trabajos de poda, que ya estaban incluidos en las labores generales de mantenimiento de parques y jardines. En este apartado, se detectó una partida de 22.523 euros sin que sea posible saber, "dada la inexistencia de identificación de las zonas en las que se practicó y el desconocimiento de si son jardines sujetos a mantenimiento o no", si su cobro se debió a actividad fraudulenta de los acusados.
También se certificaron dos veces, según continúa el escrito del ministerio público, algunos tratamientos fitosanitarios "a pesar de ser una actividad incluida en tareas de mantenimiento general". En este caso, los contratistas no hicieron referencia a los jardines, zonas verdes o lugares de la ciudad en los que habían sido aplicados", ya que sólo se especificaron o los productos utilizados o las fechas fuera de la época adecuada para estas labores.
En total, la cantidad que presuntamente habrían percibido de forma indebida ambas empresas superó los 413.000 euros. El fiscal acusa a las cuatro personas de un delito continuado de malversación de caudales públicos, por el que pide cuatro años y siete meses de prisión e inhabilitación por ocho años para cada uno, en el caso de los funcionarios en calidad de autores y en el de los contratistas, como cooperadores necesarios.
Además, a los dos primeros les acusa de un delito continuado de libramiento de certificación falsa, por el que solicita pena de suspensión por 19 meses, y a los dos últimos, de otro continuado de falsedad de certificación, por el que piden multa de 3.000 euros para cada uno.
Como responsables civiles aparecen los acusados y de forma subsidiaria, las empresas a las que pertenecen los dos contratistas, "siendo el perjudicado en este caso el Ayuntamiento de Málaga". En cuanto a la cuantía de esta responsabilidad, se determinará en el procedimiento de alcance seguido en el Tribunal de Cuentas, según se especifica en el escrito del fiscal.
