MÁLAGA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -
El juez de Instrucción número 2 de Marbella (Málaga), Manuel Martín Hernández-Carrillo, ha levantado parcialmente el secreto que pesaba sobre las diligencias previas abiertas contra el blanqueo de capitales que se investiga en torno al despacho de abogados de Marbella (Málaga) Cruz-Conde, conocido como caso 'Hidalgo'.
Según señalaron a Europa Press fuentes judiciales, el magistrado que se ha hecho cargo ahora del caso ha dictado un auto, notificado ayer, por el que ordena levantar el secreto de las actuaciones, excepto de las partes del procedimiento relacionadas con las comisiones rogatorias, remitidas a las autoridades extranjeras, tanto policiales como judiciales.
Esta es una de las primeras resoluciones que se toma dentro de estas diligencias tras la suspensión cautelar del que fuera hasta julio titular de dicho juzgado, Francisco Javier de Urquía, una vez que fue imputado en una causa abierta en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en relación al caso 'Malaya'.
La Policía Nacional desarrolló el 17 de abril una operación que se saldó con 20 detenidos, entre los que hay abogados y notarios, y que tenía el objetivo de desarticular el funcionamiento del bufete, que aparece relacionado, según la Fiscalía Anticorrupción, con unas 800 sociedades constituidas de forma similar y que podrían ser meros instrumentos para ocultar la procedencia y titularidad de los fondos que manejan.
El juez De Urquía decretó el ingreso de seis personas, entre las que se encontraba el letrado Rafael Cruz-Conde, responsable del despacho de abogados "especializado en ingeniería financiera" sobre el que se centra la investigación; que posteriormente fue puesto en libertad por la Audiencia Provincial de Málaga, tras pagar 200.000 euros de fianza, al igual que otros dos miembros del bufete.
La investigación se inició hace dos años y hasta el pasado mes de junio se habían intervenido unos 92.000.000 de euros en las 632 cuentas bancarias que constan en 22 entidades diferentes; así como 300.000 euros en efectivo, y 60 automóviles, en su mayor parte considerados de lujo.
Asimismo, se intervinieron 553 propiedades inmobiliarias, cuyo valor es "de muy difícil evaluación", ya que gran parte de las mismas se encuentran en las zonas más cotizadas de la Costa del Sol, excediendo en mucho el valor real al catastral, según precisó la Policía.
Parte de la operación se desarrolló en Holanda, registrando un despacho jurídico y de asesoría fiscal de los más importantes de ese país, donde se intervino importante documentación empresarial y fiscal, que permite conectar las actividades de los implicados con inversiones y depósitos en paraísos fiscales.
