MALAGA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -
Los Verdes criticó la actitud del Ayuntamiento de Málaga ante la denuncia del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil contra la empresa de limpieza Limasa en la que se advertía de que incumple la legislación en materia de residuos peligrosos, ya que, en lugar de investigar lo sucedido, la concejala de Medio Ambiente, Patricia Marín, tuvo una reacción "patética, desmedida e irresponsable". Por eso, abogó por que haya "cambios drásticos" en la política municipal de gestión de esos productos.
"Es patente la falta de rigor de la concejala de Medio Ambiente", según señaló el portavoz provincial de Los Verdes, Angel Rodríguez, quien opinó que Marín "ha gestionado con irresponsabilidad manifiesta episodios de contaminación graves que han dejado en evidencia su incapacidad para prevenir el vertido de residuos peligrosos al medio ambiente".
Para Rodríguez, a Marín "el cargo le viene varias tallas grande", ya que ni con la arena de Huelin manchada de hidrocarburos "se llevó a cabo ninguna investigación ni plan de descontaminación", ni tampoco "ha movido un dedo para poner a Málaga a la altura de otras ciudades con muchos más puntos limpios por habitante, que hagan factible el reciclaje de los residuos peligrosos".
Así, consideró que lo ocurrido en el Punto Limpio del polígono Guadalhorce "no es más que la punta del iceberg" y destacó la conveniencia de que se lleven a cabo "cambios drásticos en la política de residuos peligrosos de Málaga".
"La Concejalía de Medio Ambiente debería ser punta de lanza e ir más allá de una legislación tan importante como la de residuos peligrosos, lo cual no es ni imaginable en alguien que lo que lidera es la política del avestruz", lamentó Rodríguez.
MAS PUNTOS LIMPIOS
Al respecto, dijo que "no es de recibo" que una ciudad como Málaga tenga sólo un Punto Limpio y añadió que al vertedero de Los Ruices no llegaría ni un kilo de residuos peligrosos si hubiera una red mínima, que, a su juicio, serían al menos cuatro fijos y 15 móviles en los principales distritos.
Según explicó el representante provincial de Los Verdes, la normativa vigente obliga a los ayuntamientos a crear un punto limpio a partir de 5.000 habitantes, por lo que resulta "significativo", precisó, que una ciudad con casi 600.000 "sólo disponga de uno, que, además, funciona mal".
