MÁLAGA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -
El equipo de gobierno del Partido Popular en la Diputación de Málaga ha censurado este lunes la lista de afines al PSOE y ha exigido al respecto explicaciones al presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán; al secretario general del PSOE en Málaga, Miguel Ángel Heredia; y la delegada provincial en funciones del Gobierno andaluz, Marta Rueda.
El portavoz del PP en el ente supramunicipal, Francisco Salado, ha explicado, a través de un comunicado, que la lista de funcionarios afines que el PSOE habría confeccionado en la Delegación del Gobierno en Málaga con vistas a la promoción interna en la nueva legislatura es "un documento que eliminaría las garantías legales y democráticas que marca el Estatuto Básico del Empleado Público en favor del sectarismo político".
En concreto, esta demanda figura en una moción de urgencia que el grupo 'popular' lleva al pleno ordinario de este martes, en la que se recoge la exigencia a Rueda de que "abra una investigación interna y aparte de su cargo al responsable si fuera necesario", ha manifestado, al tiempo que ha pedido a Heredia que "dé explicaciones sobre el informe y se disculpe por un comportamiento reprobable, cargado de sectarismo".
La moción del equipo de gobierno de la Diputación considera también que el presidente de la Junta debe comparecer en el Parlamento andaluz para dar cuenta del citado documento, "en la que se detallaría de forma minuciosa el cargo, nombre, filiación política y posibilidades de promoción de alrededor de 150 funcionarios".
La lista afectaría a trabajadores de las delegaciones de Gobernación y Justicia; Hacienda y Administración Pública; Educación, Economía, Innovación y Ciencia; Obras Públicas y Vivienda; Empleo, Salud, Agricultura y Pesca; Turismo, Comercio y Deporte; e Igualdad y Bienestar Social, así como a Medio Ambiente.
También habría una descripción detallada del personal del Distrito Sanitario Málaga, de la Unidad Transitoria de Aguas y, por último, de la Dirección General de la Cuenca Mediterránea Andaluza, según ha indicado Salado.
TRANSPARENCIA
Por otro lado, ha recordado que el Estatuto Básico de Empleado Público indica en su exposición de motivos que en materia de acceso al empleo público "ha sido preocupación esencial garantizar en la mayor medida posible la aplicación de los principios de igualdad, mérito y capacidad, así como la transparencia de los procesos selectivos y su agilidad, sin que esto último menoscabe la objetividad de la selección".
El dirigente 'popular' ha añadido que "esta lista violaría incluso el decreto 2/2002 de 9 de enero por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía".
"En este decreto se establece con claridad el baremo y acreditación de méritos, así como el procedimiento en la provisión de puestos de trabajo que la Junta debe seguir en todos los casos", ha añadido.
Salado ha incidido en que el informe "se cerraría con una 'relación de personal de confianza' que incluye 24 nombres 'de fiar' a tenor de la descripción que acompañaría a cada uno de los nombres", y ha criticado que esto "simboliza el modo de proceder de la Administración autonómica en Málaga, caracterizada por la falta de profesionalidad y un acentuado sesgo ideológico".
Asimismo, ha sostenido que la elaboración de la lista "no sólo necesita un análisis pormenorizado de los funcionarios de máxima responsabilidad de la Junta de Andalucía en Málaga, sino su comparación con la relación de afiliados al Partido Socialista en Málaga".
"Del listado se deduciría una sospechosa correlación entre la afiliación al Partido Socialista y las probabilidades de promoción, encontrándose un alto índice de casos donde se establece una relación directa, lo que acentuaría aún más la gravedad de los hechos", ha concluido.
SINDICATO
Precisamente, este lunes CSI-F ha presentado ante la Fiscalía Provincial el caso del documento interno de funcionarios afines al PSOE para conformar el nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga. Según han informado, esto podría incurrir en los delitos contra la protección de datos, de la prevaricación de funcionarios y de tráfico de influencias.
"El Partido Socialista debería conocer y garantizar la aplicación de los principios de igualdad, mérito y capacidad que rigen o deberían regir en las administraciones públicas a la hora de determinar la carrera administrativa de sus empleados, y no tomar como único criterio su orientación ideológica", ha indicado Salado.
Por último, ha incidido en que por estos motivos el PP en la Diputación "considera imprescindible que los cargos socialistas ofrezcan las pertinentes explicaciones en los ámbitos adecuados y que el comportamiento de los dirigentes de la Junta de Andalucía en Málaga se caracterice por el cumplimiento escrupuloso del Estatuto Básico del Empleado Público".
