MÁLAGA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Provincial de Málaga considera que se debe seguir investigando la filtración y publicación en una revista de tirada nacional de la ficha policial de la ex alcaldesa de la localidad malagueña de Marbella, Marisol Yagüe, y otros procesados, a raíz de su detención por el caso 'Malaya', contra la corrupción en el Ayuntamiento de dicho municipio.
La Sección Tercera de dicha Audiencia, a través de un auto al que tuvo acceso Europa Press, estima el recurso de apelación presentado por la defensa de Yagüe contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 11 de Málaga de archivar las diligencias iniciadas por dicha filtración, de forma que acuerda que debe continuar la tramitación de la causa.
En ese momento, el juez de instrucción determinó que había indicios de delito, pero apuntaba que "no se puede atribuir a una persona concreta", por lo que acordó el archivo de la causa, iniciada a raíz de que la Fiscalía remitiera al Juzgado Decano las diligencias de investigación incoadas tras la publicación en una revista de tirada nacional de fichas de procesados en 'Malaya'.
Ahora, la Sala de apelación señala que se debe tomar declaración como imputado al autor del artículo en el que se publicó la reseña policial y la hoja de identificación de detenidos, para determinar quién o quienes fueron los presuntos responsables de la filtración. Apunta que éste "no tiene la obligación" de guardar silencio, aunque sí derecho.
Fuentes de la defensa de Yagüe precisaron a Europa Press que desde que la Audiencia tomó la decisión de dejar sin efecto el auto por el que se acordó no continuar la investigación, en abril de este año, no se han practicado pruebas. Estas diligencias se referían también a la filtración de las fichas de la ex edil Isabel García Marcos y del presunto cerebro del caso 'Malaya', Juan Antonio Roca.
Los delitos que se investigaban se referían a la utilización o modificación de datos de carácter personal o familiar de otro que estén registrados en ficheros o soportes informáticos públicos o privados y a la revelación o cesión de datos, en ambos casos en relación a autoridad o funcionario público.
La Audiencia señala que de las diligencias practicadas hasta ahora resulta que desde la fecha de detención de la ex regidora hasta la publicación "fueron numerosas, en concreto 202, las consultas que se realizaron a las aplicaciones informáticas policiales en donde se encontraban las fotografías y huella digitalizada de la reseña policial" de Yagüe.
Esto se hizo desde "terminales de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, de la Guardia Civil y de otras instituciones, realizadas por éstos o por particulares que pudieran tener conocimiento de las claves de acceso al sistema informático". "Es por ello que no haya podido determinarse qué persona en concreto, funcionario o no, pudiera haber cometido" los delitos, apunta el auto.
Ante esto, para la Sala "se impone la necesidad de continuar con la instrucción de la causa", al margen de la calificación jurídica que se pueda realizar y del análisis que se haga de la "posible colisión" entre el derecho constitucional a comunicar libremente información veraz y la limitación que a eso supone el derecho a la intimidad y la imagen.
