MÁLAGA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Málaga ha presentado una denuncia contra el alcalde de la localidad malagueña de Torremolinos, José Ortiz, y la edil de Administración Pública, Carmen García, por presuntas irregularidades en materia de personal del Ayuntamiento, en concreto, del tiempo de prestación de los servicios por parte de ciertos funcionarios.
El fiscal toma esta decisión tras analizar la denuncia presentada por un abogado, que tenía relación laboral previa con el Ayuntamiento, considerando que indiciariamente los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de delitos contra la Administración Pública, concretamente de prevaricación y fraude o malversación.
El denunciante, que ha ampliado su denuncia hasta en dos ocasiones, cree necesario determinar el perjuicio causado por supuestas jornadas laborales más reducidas --en 30 minutos al día-- y los periodos vacacionales más amplios de algunos funcionarios --14 días--, señala el escrito del ministerio fiscal.
En la primera denuncia se aportan informaciones de prensa sobre estas jornadas laborales y sobre un informe del interventor municipal, así como un acuerdo municipal sobre vacaciones, permisos y otras condiciones laborales, aplicado a los policías locales, que según la denuncia, sería "fraudulento" además de "clandestino".
El escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, señala que el primer acuerdo sobre la jornada laboral es de 2016 y se emitieron informes al respecto, pero en la denuncia se indica que "no tienen cobertura legal alguna ni el día por puente ni los ocho días por trabajar en turno de Semana Santa ni los dos días de compensación correspondientes a las reducciones horarias".
Según el documento del ministerio público, el acuerdo lo anula la concejala denunciada en junio de 2018 mediante una circular; mientras que el que era secretario provisional y luego jefe de Personal, que también ha sido denunciado, supuestamente debía "enmendar y camuflar las múltiples horas indebidamente disfrutadas".
Ante estos hechos denunciados, el fiscal considera que "procede recibir declaración en calidad de investigados, en su caso, a los denunciados" e insta al juzgado que le corresponda a que abra unas diligencias previas y pida al Ayuntamiento diversa documentación, como los acuerdos municipales y las circulares.
