HUELVA, 25 May. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Medio Ambiente de la provincia de Huelva señala en su memoria anual que durante 2009 las causas tramitadas por delitos contra la ordenación del territorio fueron "mucho más numerosas", siguiendo la tendencia iniciada desde 2006, que además en gran parte han sido iniciadas por denuncias de la Fiscalía, a la que han llegado un gran número de éstas por parte de particulares y asociaciones ecologistas, así como de algunos ayuntamientos.
Según la memoria anual de la Fiscalía de Medio Ambiente del año 2009, a la que tuvo acceso Europa Press, se han formulado denuncias por construcciones y edificaciones no autorizadas en terreno protegido o ante posibles excesos en la licencia concedida.
Además, indican en ese sentido que pendientes de calificación por el fiscal se encuentran diversas causas seguidas en Aracena y Huelva por edificaciones no autorizadas o por la construcción de edificaciones con piscina en terrenos de especial protección forestal y donde, además de los promotores, está imputado, por delito de falsedad en documento oficial, un arquitecto que, "para evitar la persecución penal de las obras libró certificación de fin de obra fraudulenta, otorgando una antigüedad superior a los cinco años".
Del mismo modo, señaló que ha formulado acusación, de otra parte, por la construcción de un chiringuito y de una casa prefabricada respectivamente en la playa de Matalascañas, en Almonte. A su vez, se ha formulado acusación contra promotores no profesionales que se construían sus propias viviendas en el campo y que, al menos en uno de los casos y por la rápida adopción de medidas cautelares, no se había concluido dicha construcción.
La Fiscalía destaca la detección del aumento de supuestos donde se colocan casas prefabricadas de madera o similar en parcelas de suelo rústico, siendo el ejemplo más extremo la causa tramitada desde finales de año en los juzgados de la Palma del Condado, como consecuencia de una investigación de la Guardia Civil, que coordinada por esta Fiscalía descubrió en una finca en Villalba del Alcor más de una decena de estas casas y se estaban empezando a construir piscinas.
INCENDIOS FORESTALES
Respeto a los incendios intencionales, según explicó la Fiscalía, continúan siendo "destacables" las dificultades para determinar su autoría y sobre todo para reunir los indicios suficientes para tramitar una causa con ciertas garantías de condena.
Otro "problema" son aquellos incendios a medio camino entre la intencionalidad y la negligencia que son cometidos sin motivación aparente por personas con algún tipo de trastorno mental y que por sus circunstancias y las de su autor, plantean muchas dificultades para reunir indicios suficientes y formular acusación. A este respecto, citó las investigaciones sobre varios incendios intencionados en la zona de Bonares y Lucena del Puerto entre los meses de marzo y agosto y que por la insuficiencia de la escasa prueba indiciaria reunida contra el imputado han sido archivadas.
En materia de intencionalidad, la Fiscalía considera en su memoria que sigue siendo "paradigmático" el incendio en el término de Minas de Riotinto producido en 2004 y que llegó a afectar a una superficie cercana a las 30.000 hectáreas, extendiéndose por las provincias de Huelva y Sevilla y acabando, con la vida de dos personas que fueron sorprendidas mientras viajaban en su vehículo, pero el presunto autor fue absuelto por insuficiencia de la prueba indiciaria.
DELITOS CONTRA LA FAUNA Y FLORA
La Fiscalía señala en cuanto a los delitos contra la fauna y la flora, que se han realizado varias incoaciones de diligencias previas por el uso de cebos envenenados resultando todas archivadas por falta de un autor conocido.
En una de ellas se produce la muerte de un buitre negro y la caza con lazos-cepos también por falta de autor en el Parque Natural de la Sierra de Aracena.
Por otro lado, indica que la caza furtiva tiene "por desgracia, gran presencia en esta provincia". Su mayor incidencia se sigue repartiendo entre la zona de Doñana y la del Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, estableciéndose un año más, en la época de la berrea un dispositivo especial que supuso la detención e imputación de varios furtivos. En total, han sido dictadas siete sentencias condenatorias, cinco de ellas por conformidad.
DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES
Según estimó la Fiscalía en su memoria, desde el verano de 2005, se tiene conocimiento de la problemática generada por labores de cambio de uso forestal a agrícola sin autorización en zonas próximas al Espacio Natural de Doñana, "ocasionando importantes y cuantiosos daños" tanto sobre la flora, como sobre otros elementos de uso público que configuran el hábitat natural del lugar y que pueden incluso perjudicar la supervivencia de especies emblemáticas como el lince.
La Fiscalía precisó que dichos usos "generan la necesidad de agua de riego por lo que generalmente se abren pozos sin autorizaciones y se construyen grandes balsas de riego en pocos días". Así, en el año 2006 se formularon los primeros escritos de acusación en la materia y durante el año 2009 se han formulado otros siete, celebrándose tres juicios orales y obteniéndose en dos de ellos sentencias condenatorias de conformidad.
No obstante, según destaca el informe, la causa más relevante en relación con la materia sigue siendo la incoada por un juzgado de Moguer, conocida como operación 'Canteras', en la que fruto de una investigación exhaustiva de los miembros del área de Medio Ambiente de la Unidad Adscrita del Cuerpo Nacional de Policía en coordinación con dicho juzgado y con la Fiscalía, se desmanteló una red de agentes de Medio Ambiente --fueron detenidos cuatro--, que se dedicaban desde hacía años a recibir sobornos de los propietarios de varias fincas de la zona de Moguer afectadas por el POTAD, para no denunciar los cambios de uso y delitos contra la ordenación del territorio cometidos en las mismas.
DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO HISTÓRICO
Como en otras Fiscalías de Andalucía, la Fiscalía de Medio Ambiente de Huelva promueve una reflexión sobre el ataque sistemático al patrimonio monumental que suponen los 'graffitis' y que no encuentra una solución proporcionada y eficaz en la simple falta de deslucimiento de inmuebles. La Fiscalía considera "imprescindible" para el futuro de las ciudades históricas que dichas conductas sean constitutivas de delito si el objeto material sobre el que se realizan son bienes integrantes del patrimonio histórico español, siendo especialmente "sangrante" el caso en la capital de la Iglesia de San Pedro, declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en 2003.
Se han ordenado igualmente actuaciones policiales para evitar daños y deterioros en el otro monumento BIC de la capital, como el Muelle Cargadero de Mineral y se han formulado dos acusaciones, una de ellas por un delito de desobediencia y daños al patrimonio histórico a consecuencia de unas obras de derribo realizadas en la Casa de la Cerca San Miguel sita en La Redondela, en Isla Cristina, y otra por el expolio sufrido en una necrópolis fenicia ubicada en Ayamonte, que ha sido correctamente calificado como un delito de apropiación indebida en concurso con un delito de daños al patrimonio arqueológico.
MÁS PERITOS
En otro orden de cosas, la Fiscalía insistió en "la imperiosa necesidad" de creación de puestos de peritos en todas las materias propias de la especialidad, ya que es "imprescindible" el hecho de que fiscales y tribunales puedan contar de "forma sencilla y efectiva" con tales peritos imparciales y expertos, como "única forma de evitar enormes retrasos en la tramitación de algunas causas".
Por último, aseguró que es "enormemente complicado" para los juzgados designar peritos idóneos en la materia y que estos realicen sus pericias en plazos razonables con abono de los gastos inherentes.
