CÁDIZ, 25 May. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Medio Ambiente de la provincia de Cádiz señaló que durante 2009 se redujo "considerablemente" la actividad edificatoria ilegal, advirtió de la "creciente tendencia" de colocar casas prefabricadas de importantes dimensiones en zonas de Parque Natural y en terreno no urbanizable y calificó como "gran problema" en el ámbito medioambiental los vertidos en el Campo de Gibraltar, tanto los de barcos como los de las distintas refinerías instaladas en la zona.
En la Memoria Anual de la Fiscalía de Medio Ambiente del año 2009, a la que tuvo acceso Europa Press, indicó que son "múltiples" las obras ilegales denunciadas en el territorio que abarca el Parque Natural del Estrecho, así como el de Los Alcornocales, tratándose en su inmensa mayoría de construcciones que tienen como uso ser una segunda residencia para el periodo estival.
En este sentido, añadió que casi todas ellas han sido previamente objeto de un procedimiento de disciplina urbanística incoado por el ayuntamiento correspondiente o por la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. No obstante, la Fiscalía advirtió que se observa la "escasa eficacia" que tienen las medidas cautelares de paralización acordadas en dichos procedimientos administrativos, que son "incumplidas en la gran mayoría de los casos" dando lugar en el ámbito penal a una condena normalmente por falta de desobediencia.
En cuanto a la "creciente tendencia de colocar casas prefabricadas de importantes dimensiones en zonas de Parque Natural y en terreno no urbanizable", la Fiscalía manifestó que este tipo de vivienda, en la práctica, tiene una vocación de permanencia en el terreno ya que incluso cuentan por lo general con toda una serie de infraestructura que así lo ponen de manifiesto (como depósito de agua, fosa séptica, enganche de luz) y necesitan para su instalación un camión con un brazo enorme que levanta la casa y la coloca en el sitio elegido.
Por ello, estima que su movilidad es muy relativa dentro de lo que se define como concepto de permanencia por parte de la jurisprudencia y resaltó que es "una forma de instalarse en un terreno no urbanizable que se está utilizando frecuentemente a fin de eludir las consecuencias penales que esta conducta conllevaría".
IMPUNIDAD EN LOS VERTIDOS
La Fiscalía indicó en su memoria que "otro gran problema" en el ámbito medioambiental es el de los vertidos y señaló que en las ciudades de Algeciras, San Roque y La Línea son "frecuentes" las denuncias derivadas de vertidos contaminantes de diversos barcos que pasan o se detienen en los distintos puertos de la Bahía, así como los que provienen de las distintas refinerías instaladas en la zona.
Así, manifestó que sería conveniente que por parte de las administraciones se articularan "eficaces medidas de vigilancia y control" para evitar tales conductas, ya que una vez producidas no resulta fácil determinar la autoría y se producen indeseables situaciones de impunidad.
En este sentido, la Fiscalía de Área de Algeciras incidió en que, en el caso de los vertidos procedentes de buques en tránsito, las denuncias son frecuentemente archivadas por la dificultad de determinar el autor de los vertido y por la "falta de responsabilidad que en esta materia demuestran las autoridades de Gibraltar", que a menudo permiten el paso por lo que ellos consideran sus aguas territoriales de buques con deficiencias de seguridad o que incumplen la normativa internacional en materia de prevención de la contaminación marina, así como la realización de forma rutinaria de trasvases de combustible a los buques desde gasolineras flotantes sin respetar la normativa comunitaria, práctica ésta conocida como bunkering que entraña unos "gravísimos riesgos ambientales".
Además, afirmó que para este tipo de delitos la Fiscalía sigue sin contar con la posibilidad de tener a su disposición un cuerpo de peritos especialistas encargados de elaborar informes relativos a la incidencia que las acciones descritas en el tipo penal del artículo 325 hayan podido tener sobre el medio ambiente.
MENOS CONSTRUCCIONES ILEGALES
La Fiscalía de Medio Ambiente indicó que durante 2009 se han reducido considerablemente la actividad edificatoria ilegal, lo cual achacó a diversos factores, como los "beneficiosos efectos preventivos" generales que está suponiendo el notorio incremento en el número de sentencias condenatorias de los juzgados de lo Penal y la Audiencia Provincial que acuerdan además la demolición de lo ilícitamente construido.
Asimismo, indicó que también se debe al mayor grado de cumplimiento por parte de los ayuntamientos de sus obligaciones de traslado al fiscal de los casos que presenten indicios de delito, aunque afirmó que "continúan existiendo lamentables excepciones".
Igualmente, señaló como causa el desarrollo de procedimientos judiciales en los que se investiga el otorgamiento por parte de entidades bancarias de hipotecas en las que se falseaban documentos para propiciar su concesión, que ha permitido un mayor rigor a la hora de analizar cada caso y al suponer un obstáculo para la financiación ha dado lugar a la ralentización de las construcciones.
Por último, La Fiscalía apuntó también como posible causa de la menor edificabilidad ilegal a la crisis económica, que también se ha dejado sentir en este ámbito y son menos las construcciones que se inician.
PROBLEMAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA
La Fiscalía de Medio Ambiente de Cádiz señaló en su memoria anual que el principal problema con el que cuenta es el de la ejecución de las sentencias firmes con pronunciamientos de demolición.
Así, manifestó que dando por sentado lo absolutamente excepcional del supuesto de que sean los propios condenados los que ejecuten por si mismos el derribo, son muchos los incidentes que se plantean en las ejecutorias.
En este sentido, afirmó que con "demasiada frecuencia" los Ayuntamientos a los que se les ordena en auxilio judicial la ejecución de la medida plantean "serios problemas" obligando, en ocasiones, a tener que recurrir a requerimientos personales con los debidos apercibimientos de poder incurrir en delito a alcaldes o concejales de urbanismo.
PROCESOS DE REGULARIZACIÓN
Finalmente, la Fiscalía de Medio Ambiente de Cádiz recordó que a lo largo de 2009 ha venido denunciando el hecho de que, con ocasión de los denominados "procesos de regularización" de viviendas ilegales, aunque no solo en tales casos, los autores de construcciones ilegales constituidos en asociaciones se convierten en "auténticos grupos de poder que tratan de imponer la línea a seguir a los ayuntamientos en el ejercicio de la disciplina urbanística".
En este sentido, añadió que esos grupos "no solo exigen la legalización de sus edificaciones, muchas de ellas incursas en procedimientos penales, sino que, con base en su supuesta incapacidad de hacer frente a los gastos, además tratan de que todo lo que supone la ejecución de infraestructuras, dotaciones y servicios públicos, proceso que en estos casos es especialmente gravoso precisamente porque el proceso edificatorio se ha hecho al margen de toda previsión, se financie con fondos públicos".
Así, añadió que esos grupos organizan manifestaciones en las que se reivindica la inobservancia de la legalidad urbanística, exigen su presencia en las juntas locales de seguridad y, "ante la pasividad del resto de los ciudadanos", acaban en muchas ocasiones "imponiendo" sus planteamientos.
