JAÉN, 13 May. (EUROPA PRESS) -
El hombre, identificado como L.M.B., al que la Fiscalía acusa de un delito de apropiación indebida que habría cometido al quedarse con unos 84.000 euros del dinero recaudado en el aparcamiento de Jaén para el que trabajaba, ha negado tal extremo y ha defendido que su trabajo era "revisado, cotejado y supervisado".
Así lo ha declarado en su turno final de palabra en el juicio que se ha celebrado este martes por estos hechos en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Jaén, y que ha quedado ya visto para sentencia después de que las partes se hayan ratificado en sus conclusiones iniciales.
En su declaración, el encartado --que se encargaba de la recaudación-- ha reconocido que fue despedido por motivos "disciplinarios", después de que una auditoría revelase que no se habían ingresado alrededor de 36.000 euros que supuestamente se habían recaudado en el aparcamiento.
El procesado ha reconocido ese desfase alegando que se produjo en un momento en el que la maquinaria estaba "estropeada" y la contabilidad debía hacerse de forma "manual", en unas fechas, además, de mucho "flujo" de clientes y, en consecuencia, de dinero, debido a la celebración, en Jaén, de la Feria de San Lucas.
De esta manera, "no había control" en esas fechas y acudía al banco a efectuar los ingresos "como podía", y sin que hubiera una maquinaria que "dijera la cantidad que debía haber". Tanto la Fiscalía como la acusación particular han tachado de "inverosímil" ese argumento.
Así, la representante del Ministerio Público cuestiona qué relación puede existir entre que la recaudación se tuviera que realizar de manera manual y no se efectuaran los ingresos en el banco. "El momento de realizar los ingresos debería haber seguido siendo el mismo", ha argumentado, al tiempo que ha tachado de "inverosímil" que "faltase esa cantidad de dinero y el empleado no lo comentara con ningún compañero".
En la misma línea, el abogado de la acusación particular ha sostenido que el encartado reconoció que no se habían ingresado 36.000 euros recaudados "cuando no tuvo más remedio", a raíz de una auditoría, y firmó su despido con la esperanza de que "la cosa quedara ahí".
En ese sentido, el propio acusado ha declarado que "no combatió el despido" porque asumía que había cometido una "negligencia", si bien ha insistido en señalar que había semanas de "caos absoluto" como consecuencia de los problemas en las maquinarias, en las que "había que guardar el dinero en bolsas" que se guardaban en un almacén.
En el juicio han declarado también dos representantes de la empresa que gestiona el aparcamiento de la Plaza de la Constitución, que ejercían como superiores del procesado y que fueron quienes denunciaron el caso. Ambos han coincidido en apuntar diferencias entre las cantidades que "él decía que se habían recaudado con las de verdad".
Así las cosas, la Fiscalía ha concluido manteniendo su petición de dos años de cárcel para este hombre por un supuesto delito de apropiación indebida, que considera "acreditado" que éste cometió, al igual que la acusación particular, que, no obstante, solicita el doble de castigo, cuatro años de prisión, además de una multa diaria de tres euros durante diez meses.
Por su parte, la defensa interesa la libre absolución de su cliente, al entender que "no hay pruebas de cargo" contra él, ya que las acusaciones se basan "sólo en documentos de parte". Además, se ha preguntado si resulta "creíble" que el acusado "pudiera apropiarse de casi 84.000 euros --la cantidad en la que se cifra el montante supuestamente defraudado-- durante 17 meses sin que nadie en la empresa se enterase".
En su escrito de calificación, el Ministerio Público sostiene que, "al menos desde septiembre de 2010 a marzo de 2012", y con "ánimo de obtener un ilícito beneficio económico", el acusado, que debía "enviar información diaria a la empresa con los importes recaudados", en ocasiones "mandó dicha información haciendo constar importes inferiores a los verdaderos, ingresando en la entidad bancaria también menos cantidad".
Otras veces, añade el escrito, "hizo suyo directamente todo el importe de la recaudación, superando muchos días la cantidad de 400 euros apropiados por su parte", hasta el punto de que el montante total supuestamente defraudado se cifra en "83.738,05 euros", cantidad con la que la Fiscalía quiere que indemnice a la empresa.
