SEVILLA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -
Adelante Andalucía ha advertido este miércoles de que el decreto ley que ha aprobado el Ejecutivo autonómico a fin de resolver el problema de las más de 300.000 viviendas irregulares que existen actualmente en Andalucía provoca "un efecto llamada a la ilegalidad", cuando también ha defendido que Andalucía "no se puede permitir una nueva ola de desorden urbanístico".
En rueda de prensa, la portavoz parlamentaria de la confluencia, Inmaculada Nieto, ha señalado la preocupación de su grupo pues creen que el referido decreto "continúa con el hilo conductor que mantiene el PP-A desde que gobierna, con una estrategia de volver a cargar una parte importante del gancho económico en la construcción y en el desarrollo urbanístico".
Tras recordar que la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) ha sufrido varios cambios en los últimos años, Nieto ha lamentado que "el mantra de las 300.000 viviendas se pone de manera recurrente sobre la mesa por parte de quien gobierna para decir que le va a poner solución pero, tras todas las modificaciones de LOUA, se mantienen una situación de ilegalidad y no han impedido la proliferación de nuevas construcciones ilegales, sino que, además, han animado a que ese desorden crezca".
Igualmente, ha avisado de "la impotencia de muchos ayuntamientos que no tienen recursos para garantizar que sus instrumentos de planeamiento tengan la agilidad suficiente en su labor inspectora como para contrarrestar ese volumen creciente de construcciones fuera control".
La portavoz parlamentaria de Adelante ha considerado que dado que el decreto no afectará a viviendas construidas en cauces de arroyos o ríos ni a las viviendas cuya ilegalidad no ha prescrito, entonces "la ley actual ya permite que esa casuística a quede protegida".
"El hilo conductor de las declaraciones del Gobierno del PP-A y Cs nos preocupa porque Andalucía no se puede permitir volver a dar luz verde a una nueva oleada de descontrol urbanístico, que consume suelo, que pone en riesgo ciertos recursos que son limitados y que imposibilita que los ayuntamientos planifiquen de manera razonable su urbanismo y los servicios que tienen que prestar", ha ahondado.
Y con todo, Nieto ha avisado de que el decreto ley "nos aboca a una nueva situación que no se puede alentar desde la Junta, que debería planificar con criterios restrictivos" y que provoca "una llamada a la ilegalidad".
