SEVILLA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -
La portavoz del grupo parlamentario de Adelante Andalucía, Inmaculada Nieto, ha mostrado este miércoles sus dudas sobre la "imparcialidad y la defensa del interés general" de los altos cargos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) "por su vinculación con multinacionales farmacéuticas".
Así se ha pronunciado Nieto, en una nota de prensa, tras la información publicada por 'eldiario.es' según la cual el director del Plan Estratégico de Vacunación de Andalucía, David Moreno Pérez, habría cobrado regularmente miles de euros de las principales fabricantes de vacunas, hasta el punto de que, solo entre 2017 y 2018 este pediatra ha recibido más de 46.000 euros de la industria farmacéutica entre honorarios y asistencias a congresos.
Al respecto, Nieto ha recordado que "no es el primer caso que conocemos de un alto cargo del SAS que viene de tener relaciones con grandes empresas farmacéuticas y que está ahora en un puesto que le permite tomar decisiones sobre qué medicamentos debe adquirir el SAS para garantizar la calidad de la salud de la población andaluza".
Según Nieto, esta relación "estrecha y económica" de altos cargos del SAS con empresas farmacéuticas "pone en evidencia que estas personas se pueden estar debiendo a intereses que no tienen nada que ver con el interés general y la salud de los andaluces".
Para la portavoz parlamentaria de Adelante, "esta connivencia explica por qué una de las primeras medidas que tomó el PP-A fue poner encima de la mesa la retirada de la subasta de medicamentos, que permitía que se evitaran estas tentaciones".
En última instancia, Nieto ha señalado que "no se sostiene aquello que decía el PP-A de que la salud no debía estar afectada por el código postal de la persona que estuviese enferma, porque en la adquisición de la vacuna" vinculada a la empresa que pagaba al nuevo director del Plan Estratégico de Vacunación andaluz, David Moreno, el "PP-A se ha salido de la fila para dar dinero a una multinacional que está engordado el precio de las vacunas" mientras el Gobierno central establece un precio único para todo el país.
